La Justicia federal suspendió de manera inmediata la aplicación del Decreto 461/2025 que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), tras una cautelar dictada por la jueza Martina Forns. La resolución impide ejecutar traslados, cesantías, reubicaciones o cualquier modificación estructural en el organismo.
Desde el Partido Verde celebraron la decisión judicial como una “victoria del sentido común y de la Constitución”. Su presidente, Mario Vadillo, fue contundente: “No se puede dinamitar un organismo técnico esencial sin violar la Constitución, los tratados internacionales y los derechos laborales más básicos”.
La magistrada fundamentó su fallo en la ilegalidad del decreto, dado que Vialidad Nacional es un ente autárquico incluido en el inciso c) del artículo 8 de la Ley 24.156, por lo que no puede ser disuelto por vía administrativa. Además, remarcó la inconstitucionalidad de vulnerar derechos laborales protegidos por convenios internacionales con jerarquía constitucional.
Vadillo agregó: “El decreto pretendía disfrazar un recorte brutal con una redacción elegante. Pero la jueza no se dejó engañar. La estabilidad laboral no es optativa ni negociable: está protegida por la ley y por convenios internacionales que el Estado está obligado a respetar”.
El dirigente ecologista también advirtió sobre las consecuencias que tendría el desmantelamiento del organismo: “¿Quién cuida las rutas si se liquida Vialidad? ¿Quién garantiza obras, señalización y control de calidad? Sin ese soporte técnico, lo que viene es abandono, más accidentes y más muertes”.
La jueza Forns también remarcó que su decisión protege no solo a los trabajadores de Vialidad, sino también a todos los usuarios viales del país. El fallo considera que la disolución del organismo compromete la seguridad pública y la planificación estatal en infraestructura vial.
Vadillo concluyó: “Este no es solo un fallo judicial. Es un mensaje político: no se toca lo que protege vidas. Vialidad Nacional no es una caja ni un obstáculo ideológico. Es un engranaje fundamental del Estado argentino. Basta de atropellos”.
