La ministra de Seguridad cornejista, Mercedes Rus, le reclama a la Justicia cooptada desde hace años por el cornejismo «Es difícil lograr Seguridad si no hay Justicia»

Actualidad Mendoza

Nuevamente un finde mendocino manchado con sangre y muerte. En la noche de este domingo, un intento de robo en Los Corralitos, Guaymallén, terminó en tragedia cuando un policía retirado y un delincuente perdieron la vida.

El hecho causó gran impacto en la provincia y puso nuevamente en discusión la problemática de la inseguridad, pero también el funcionamiento de la Justicia. Al respecto, la fotogénica ministra Mercedes Rus realizó duras críticas ya que el delincuente que mató al policía retirado, estaba cumpliendo una condena por otro crimen y se hallaba bajo el régimen de libertad condicional.

«Lamentamos profundamente la pérdida del policía retirado Héctor Enrique Pelayes, quien murió en un enfrentamiento con un delincuente que no debería haber estado en libertad. Desde el Ministerio de Seguridad no negamos los problemas; nos ponemos al frente y trabajamos en ello. La seguridad y la justicia van de la mano, pero es difícil lograr seguridad si no hay justicia», comentó Rus.

Lo curioso de esta crítica es que como toda Mendoza sabe, desde hace años quién tiene el manejo total de los hilos de la Justicia es el propio Alfredo Cornejo, lo cual la critica de la ministra cornejista debería hacérsela a su propio jefe político.

Desde hace tiempo en Mendoza preocupa la inédita concentración de poder que logró acumular Alfredo Cornejo, que vulnera la tradición de una provincia acostumbrada a ciertos equilibrios institucionales. Muchos
ven con espanto que en Mendoza se reproduzca una degradación institucional como las que el propio radicalismo suele denunciar en provincias gobernadas por caudillos autoritarios como Gildo Insfrán y Gerardo Zamora. 

Hoy Cornejo maneja a la Justicia de punta a punta. Tiene control del Poder Judicial -la Corte provincial y el Procurador- y de los organismos de control, además de gozar de una mayoría en el Senado provincial, que es el que nombra los jueces.

Cornejo controla el Consejo era Magistratura, el Jury de Enjuiciamiento a los magistrados, el Procurador de la Corte, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Ética Pública y todos los ámbitos inclusive de los entes reguladores. Tanto el Ente Provincial Regulador Eléctrico (Epre) y en el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (Epas) están en manos de funcionarios cornejistas.

Lo cual queda en claro que las declaraciones de Rus representan una excusa ante su inoperancia, con un posteo meramente tribunero.

Dado los frecuentes hecho de inseguridad, la explosión del narcomenudeo en la provincia y las peleas territoriales entre bandas, está a la vista que la ministra no está «funcionado» y además de no haber personal policial necesario que cuide las calles de Mendoza ¿Hay personal para los presos con libertad condicional? ¿Quién tiene el rol de controlar a los presos con algún beneficio de libertad?

Mendoza no es Medellín, pero parece Rosario

El incidente del último fin de semana ocurrió en la calle Godoy Cruz al 10.000, donde el exoficial, identificado como Héctor Enrique Pelayes, intentó frustrar el asalto a su vivienda. Durante el enfrentamiento, se produjo un intercambio de disparos que resultó fatal para ambos involucrados.

El ladrón era Roberto Rolando Pereyra Cruz, tenía 36 años y estaba cumpliendo una condena por matar a Cristian Antonio Verdugo en Luján, en 2016. Le dieron 12 años y 6 meses de cárcel, pero el 26 de abril de 2023 el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, le firmó el régimen de libertad condicional.

Las razones por las que el asesino tenía libertad condicional

Tras el pedido de Pereyra, en una audiencia realizada en abril del 2023, el juez Sebastián Sarmiento autorizó el pedido de libertad condicional con la condición de cumplir una serie de reglas de conducta, ya que en caso de no hacerlo podría regresar a la cárcel para terminar de cumplir de manera efectiva la pena por el asesinato.

Cuando precisó la situación legal de Pereyra, el convicto no podía cambiar de domicilio sin antes avisar a las autoridades judiciales, no debía cometer nuevos delitos, debía presentarse cada dos meses a la Dirección de Promoción del Liberado para realizar los controles necesarios, no podía consumir drogas ni hacer abuso alcohol, debía acreditar un trabajo lícito, tenía una prohibición de acercamiento a las víctimas del delito por el que fue condenado, tenía que terminar la secundaria y realizar un curso de formación laboral y no podía salir del país sin previa autorización de la Justicia.

Pereyra ya había cumplido más de la mitad de la pena, y debido a que no hubo apelación por parte de fiscalía, el 2 de mayo del 2023 quedó firme la libertad condicional para el condenado por asesinato, quien terminaba de cumplir su pena en el 2027.

Sin embargo, la ministra salió a marcar en sus posteos que: «A pesar de que el Código Penal prohíbe la libertad condicional para quienes cometen homicidios en ocasión de robo, y de que la Oficina Técnico Criminológica (OTC) dictaminó en contra de su liberación, Roberto Pereyra fue puesto en libertad condicional».

Y acotó que fue la Dirección de Derechos Humanos de la Corte quien solicitó su liberación, «haciendo caso omiso a nuestras leyes».

Lo que ocurrió para que Pereyra lograra la libertad condicional fue que juez Sebastián Sarmiento consideró en el expediente 2605/21, «la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 14 segunda parte del Código Penal en razón de los fundamentos vertidos oralmente».

Con información de Mendoza Post y Diario Uno