El pasado miércoles en horas del mediodía se radicó una denuncia penal por administración fraudulenta agravada por resultar en perjuicio del Estado contra el presidente de EMESA, Pablo Magistocchi, y el presidente de la empresa constructora CEOSA, Fernando Porreta, el «Lázaro Baez Menduco. La fiscalía de Delitos Económicos deberá investigar si existió un delito en lo que los denunciantes entienden fue un «mamarracho contable y jurídico que lesiona los intereses de la provincia de Mendoza». En concreto, estiman un perjuicio de más de 4 millones de dólares a las arcas provinciales en favor del reconocido empresario.
La maniobra había sido denunciada públicamente por el senador Germán Vicchi durante la sesión del martes de la semana pasada, pero este miércoles quedó plasmada en una demanda formal radicada en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. En concreto, sostiene que la provincia le concedió un préstamo de 1.6 millones de dólares a Fernando Porreta para construir cinco saltos energéticos pero que la empresa nunca devolvió el dinero. En 2022 se terminó firmando un convenio en el que EMESA le perdona la deuda a cambio de las acciones de una empresa llamada Calbuco SA, que controlaba uno de esos cinco saltos energéticos. Pero lo hizo sin contemplar intereses por mora y, aunque parezca increíble, EMESA le pagó a CEOSA otro millón de dólares por esas acciones. Así fue como Porreta se habría quedado con un millón de dólares y cuatro empresas energéticas sin invertir un centavo de su bolsillo.
La denuncia está firmada por los legisladores Martín Rostand, Gabriel Pradines, Ariel Pringles, Flavia Manoni, Marcos Quattrini, Armando Magistretti, y el patrocinio de Germán Vicchi y el letrado Pablo Cazabán. Entre otras cosas, sostienen que hubo dibujos contables para licuar la deuda de CEOSA con EMESA pesificando al dólar oficial en lugar de utilizar la cotización del MEP o Contado con Liqui.
«Es evidente que el Convenio de Cesión de Acciones de Calbuco Energía SA celebrado el 22 de agosto del 2022 es un mamarracho contable y jurídico que lesiona los intereses de FOPIATZAD/EMESA, por ende, de la provincia de Mendoza, ya que contablemente, por normativa legal, la tenencia, los créditos y las deudas en moneda extranjera de una empresa se valúan al cierre de cada ejercicio al tipo de cambio oficial. Pero, obviamente, los intercambios, cuando se paga o cobra en pesos, las operaciones comerciales se hacen al valor real de mercado (MEP CCL) y se registran contablemente las diferencias de cambio a favor o en contra. Nadie que administra fondos públicos va a realizar intercambios toman el tipo de cambio oficial, teniendo en cuenta la brecha existente con el tipo de cambio de mercado», esgrimen los denunciantes.
Pero además remarcan que en lugar de ejecutar las garantías contractuales más convenientes, se terminó haciendo un dibujo que solo beneficiaba al dueño de CEOSA. «Nadie puede alegar que se trata de un simple error de un administrador, ya que los administradores -actuando bajo el standard de buen hombre de negocios que requiere su cargo- debían conocer el valor que tenían derecho a cobrar ejecutando los pagarés ($564.064.026) versus mantener la deuda a valor contable ($244.260.773) y transaccionar el paquete accionario generando un saldo a favor del deudor de USD 1.037.683 ($297.400.000) -en perjuicio de EMESA- para quedarse con una empresa (Calbuco) de escaso o nulo valor patrimonial en 2019, en 2022 y en la actualidad», se puede leer en la denuncia por el delito tipificado en el artículo 173 inciso 7 del código penal y su agravante 174 inciso 5.
«Conforme surge de lo expuesto resulta que nos encontramos ante una maniobra de corrupción, en un dibujo contable que se encuentra oculto dentro de una serie de actos jurídicos que ostentan una apariencia de legalidad, pero que, si se analiza a la luz de la realidad económica y de la sana administración advertirá que han generado un perjuicio alevoso y malintencionado al erario público», aseveran y anticipan que harán una presentación similar ante Fiscalía de Estado en resguardo del patrimonio provincial.
«No puede encuadrarse como un acto de gestión el hecho de favorecer a un deudor en perjuicio del patrimonio de la provincia», alegan los denunciantes, quienes entienden que «de los hechos relatados se desprende que los señores Pablo Magistocchi, Fernando Porreta y otras personas involucradas en la gestión y control de FOPIATZAD y/o EMESA, podrían resultar ser -en mayor o menor medida- responsables de la comisión del delito de administración fraudulenta agravada por resultar en perjuicio del Estado».
En total, lo que CEOSA construyó con el dinero de EMESA fueron cinco empresas de saltos de generación de energía: Calbuco Energía SA, Energía de Triple Salto SA, Energía de los Canales SA, Energía de las Tunas SA y Energía del Matriz SA. Finalmente, CEOSA se quedó con las últimas cuatro empresas y le cedió las acciones de la primera a EMESA, que le pagó un millón de dólares en concepto de «compensación». Así fue como Porreta habría logrado quedarse sin deudas, con cuatro empresas que le venden energía a Cammesa y un millón de dólares. Todo sin poner un peso de su bolsillo.