En los últimos minutos se dio a conocer un pedido de juicio político contra el gobernador Alfredo Cornejo, que sin dudas va a conmocionar el escenario político y judicial en la provincia. La misma fue dirigida al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, Andrés Lombardi, con copia a la Comisión de Derechos y Garantias, Petición y Poderes a cargo del diputado José Luis Ramón.
La carátula contra el gobernador Cornejo argumenta «INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES, VIOLACIÓN DE CONVENCIONES INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS» y la lleva adelante la abogada mendocina Carolina Jacky.
«Vengo a interponer pedido de juicio político contra el SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, LIC. ALFREDO CORNEJO por entender que han incumplido con los deberes de funcionario público, y en su actuar negligente han demostrado un mal desempeño en sus funciones, lo que ha llevado al GOBIERNO DE MENDOZA a incumplir con la Constitución Nacional y Provincial como así también a Tratados y Convenciones Internacionales. (Conforme art. 109 Constitución Provincial)», señala la abogada en su escrito.
Carolina Jacky fundamenta «La falta de cumplimiento a funciones propias del Poder Ejecutivo, conforme lo dispone el artículo 128 de nuestra Constitución Provincial lleva a que se realice esta presentación. Así es que esta se sostiene en los siguientes puntos: 1º) Tiene a su cargo la administración general de la Provincia. 16º) Toma las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público, por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por la Constitución y leyes vigentes. 19º) Tiene bajo su vigilancia la seguridad de su territorio y de sus habitantes y la de las reparticiones y establecimientos públicos de la provincia. 2 23º) Es agente inmediato y directo del Gobierno Nacional para hacer cumplir en la Provincia la Constitución y las leyes de la Nación. Lo señalado son los deberes a cumplir por el Poder Ejecutivo»
Y agrega «El motivo de este pedido que hoy realizo es por la paralización del servicio de justicia en la Provincia de Mendoza y la propia declaración del Señor Gobernador de desatenderse de sus obligaciones constitucionales y pedir a la Suprema Corte Provincial que resuelva el problema».
Entre los fundamentos, la denunciante detalla que el gobernador Alfredo Cornejo, al frente del Poder Ejecutivo «se desentiende de sus obligaciones, trasladando el problema a quien no está obligado de hacerlo por mandato constitucional».
A continuación, detallamos parte de los fundamentos del pedido de Juicio Político
El art. Art. 109º de nuestra Constitución Provincial nos dice: “El gobernador de la Provincia y sus ministros, el vicegobernador, los miembros de la Suprema Corte y el procurador de ésta, son acusables en juicio político ante la Legislatura por mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Cualquier habitante de la Provincia, en pleno goce de su capacidad civil, puede presentar su acusación a los efectos de provocar el enjuiciamiento.”.
Esta norma me legitima para hacer este pedido y este es el modo de acusar, en este caso al Señor Gobernador de la Provincia, esperando que a este pedido se le de el curso legal correspondiente, evitando agravar la situación actual y tentar a que se inste a un pedido de intervención federal al Poder Judicial. No podemos desconocer la parálisis de la Justicia de la Provincia de Mendoza que impide el normal acceso a la justicia de los ciudadanos, siendo esto una grave violación a la Constitución Nacional y a Tratados Internacionales.
Los derechos y garantías se encuentran comprometidas en la Provincia de Mendoza y es responsabilidad del Poder Ejecutivo, art. 128:
1º) Tiene a su cargo la administración general de la Provincia. Esto significa que el Gobernador es responsable de supervisar y gestionar todos los asuntos relacionados con la administración pública de Mendoza, 3 incluyendo la toma de decisiones ejecutivas, la implementación de políticas y la dirección de los recursos estatales para el beneficio de la comunidad. Su papel es crucial para garantizar el funcionamiento eficiente y efectivo del gobierno local. Esto incluye al Poder Judicial como al Legislativo.
16º) Toma las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público, por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por la Constitución y leyes vigentes. El pasarle el problema a la Suprema Corte de Justicia es desatender una de sus obligaciones constitucionales, no cumplir con el mandato y no garantizar la paz, ni el orden público. Otro mal desempeño.
19º) Tiene bajo su vigilancia la seguridad de su territorio y de sus habitantes y la de las reparticiones y establecimientos públicos de la provincia. La paralización de la justicia, el paro de actividades de empleados y funcionarios, no brinda seguridad a los habitantes, ya sea para lo patrimonial, para la libertad, para la defensa en juicio, para la protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de mujeres, de personas con discapacidad, de adultos mayores, creando una situación de grave inseguridad en todo el territorio provincial.
23º) Es agente inmediato y directo del Gobierno Nacional para hacer cumplir en la Provincia la Constitución y las leyes de la Nación. En este aspecto el incumplimiento a sus obligaciones como agente inmediato y directo del Gobierno Nacional son evidentes atento a los compromisos que el Estado Nacional ha asumido a nivel internacional con la firma de diferentes tratados y convenciones que aprobadas por el Congreso Nacional, y muchas de ellas incorporadas a la Constitución Nacional con la reforma del 94.
El garantizar el acceso a la justicia para los habitantes de Mendoza está siendo afectada, y el Poder Ejecutivo en cabeza directa del Señor Gobernador “… la Corte debe garantizar el funcionamiento del servicio de justicia, que no se resienta, y ese tiene que ser el foco de los jueces”, se desentiende o por lo menos quiere compartir una responsabilidad exclusiva, esquivando así su responsabilidad. Al mal desempeño se agrega la violación a Tratados y Convenciones Internacionales con rango constitucional. Hoy tenemos la provincia con el servicio de justicia totalmente paralizado, un servicio que el Estado no puede delegar, y fundamental en una sociedad organizada. La falta de cumplimiento con su deber y el desligar su responsabilidad son causales suficientes para recepcionar este pedido de juicio político.
