Los sanitaristas mendocinos alertan ante las propuestas privatizadoras de la salud de Bullrich y Milei «A la Salud Pública la quieren convertir en un shopping»

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En un intento por conquistar a los empresarios, el ultraderechista Javier Milei se mostró el jueves pasado ante el Consejo de las Américas en Buenos Aires, como el candidato a la presidencia de Argentina capaz de ayudarlos a crecer y que contribuyan a la mejora del país apartando de su camino al Estado, al que culpó de fomentar “parásitos” con sus políticas dadivosas, avanzando con la privatización del sector público y la eliminación de los derechos laborales.

Desde hace tiempo, Milei repite en los medios lo que ya está escrito en su plataforma electora y cuenta en los actos que comparte con la militancia: quiere privatizar el sistema de salud y, al igual que con la educación, busca llevar adelante un sistema de «voucher» para pagar la atención médica.

Por su parte, Patricia Bullrich, otra aspirante a la presidencia por la mayor coalición opositora de Argentina, también defendió la necesidad de rebajar el déficit y prometió un país basado en el orden y la austeridad. Advirtió que eliminará gastos innecesarios del Estado, llevando explícitamente a una profundización del modelo de gobierno de Mauricio Macri, donde aplicó una brutal política de ajuste a la salud pública, entre otros aspectos.

Patricia Bullrich busca llevar una idea similar, pero como ‘seguros’. Buscan dejar de subsidiar el sistema de Salud, limitar su accesibilidad y generar un negocio desde la Salud.

En ese marco, la Fundación Salud Inclusiva, conformado por profesionales y trabajadores de la Salud guiados por el legado de Ramón Carrillo y Floreal Ferrara, advirtieron que no permitirán que la salud pública argentina se establezca bajo la lógica de la competencia de mercado. Compartimos a los lectores biencuyanos su punto de vista:

La Salud se va de “shopping”

Reflexiones sobre los efectos de la privatización de la salud propuesta por Milei y Bullrich

Sabemos que el sistema de salud público de nuestra provincia está desfinanciado, con profesionales precarizados y mal retribuidos, con grandes dificultades para el acceso a la atención, lo que lleva a una salud pública con grandes desigualdades e inequidades a lo largo y ancho del territorio provincial. Pero aún en este contexto de abandono de la salud pública por parte del gobierno provincial, el financiamiento del Ministerio de Salud de la Nación a las provincias a través de diversos programas continúa garantizando el acceso a las vacunas, la entrega gratuita de medicamentos a través del REMEDIAR que en nuestra provincia cubre más del 75% de los medicamentos entregados en hospitales y centros de salud, al igual que la compra de equipamiento que permite el plan Sumar.

La pandemia dejó en evidencia el rol central del Estado en el cuidado de la salud y la vida, la compra de equipamiento, insumos y elementos de protección para el personal de salud de todo el país y el rápido acceso a la vacunación garantizado por el gobierno nacional son un claro ejemplo de esto.

Si tenemos en cuenta que el 42% de la población de nuestra provincia, posee exclusivamente cobertura pública y que más del 60% de la población total se atiende en el sector público, en Departamentos que solo cuentan con efectores públicos; es necesario preguntarse ¿Qué pasaría si se aplican medidas como las que propone Milei?

Milei concibe la salud como una mercancía más y predica aplicar en salud las leyes del mercado, es decir oferta y demanda. ¿Qué significa esto? Que el Estado Nacional y los Estados Provinciales dejen de financiar la salud pública, es decir que dejen de pagar los sueldos de las y los trabajadores de la salud, que no se hagan más cargo ni de la construcción ni del mantenimiento de hospitales y centros de salud, solo por nombrar dos aspectos centrales. Pasando de esto que técnicamente se llama financiamiento de la oferta a la propuesta de financiamiento de la demanda, es decir la transferencia de dinero a los usuarios (los famosos vouchers) para que con ese dinero “compren” la atención de salud que necesiten. En este esquema los hospitales públicos y centros de salud tienen que competir entre ellos para captar “clientes” y así tener la “rentabilidad” que les permita funcionar.

¿Alguien se imagina qué pasaría con los hospitales y centros de salud de departamentos poco poblados y zonas rurales? ¿Qué pasaría por ejemplo con los hospitales de La Paz, Lavalle, Malargüe por nombrar solamente algunos?

La salud no responde a este modelo, por un lado no es un bien de mercado sino un derecho humano fundamental sancionado por la Declaración universal, y por nuestra Constitución Nacional, y por lo tanto son los estados los responsables de garantizar el acceso y ejercicio de este derecho. Además, esta receta que se pretende novedosa, ya falló en los distintos países que la implementaron, tal como son los casos de Inglaterra durante el gobierno de Margareth Thatcher que destruyó el “National Health Service”, sistema de salud del Reino Unido caracterizado históricamente por ser uno de los mejores sistemas de salud a nivel

mundial con grandes niveles de calidad y equidad; y más cerca a nivel regional el caso paradigmático de Colombia que implementó este mismo modelo a partir del año 1993 llevando a una trágica disminución de indicadores de salud. Por ejemplo, la cobertura de población vacunada con 3° dosis de la vacuna antipoliomielítica descendió del 94% en 1995 al 80% en 2003, el porcentaje de niños y niñas entre 12 y 23 meses de edad que recibieron todas las vacunas disminuyó del 83% en 1990 al 66% en el año 2000. Valores que se alejaron trágicamente del 95% de cobertura que se considera ideal. Estos ejemplos grafican el riesgo real que representan estos modelos de “mercantilización” para la salud de la población. ¿No hace acordar a los rebrotes de sarampión y vacunas vencidas durante el gobierno de Mauricio Macri? Vale aclarar que lo que hoy propone Milei es la continuación y profundización de lo que pretendió Macri a través de lo que se llamó “Cobertura Universal de Salud”, plan que también comparte Patricia Bullrich.

Un viejo refrán dice “Mejor prevenir que curar”, este modelo de vouchers atenta de lleno contra la prevención, porque el ciudadano al tener asignada una cantidad limitada de dinero a través del “voucher” lo que hace es guardarlo para utilizarlo ante alguna urgencia.

¿Qué significaría el sistema de vouchers en un país con más de 45 millones de habitantes, con gran dispersión territorial y grandes desigualdades? Millones de compatriotas quedarían literalmente sin la mínima posibilidad de acceder a la atención sanitaria y aumentaría la inequidad existente en el acceso a los servicios de salud ¿no suena parecido a lo que pasa en Chile que lleva a muchos de sus ciudadanos a cruzar a nuestro país para poder acceder a diversas prestaciones de salud?

Ante este contexto, es necesario remarcar una vez más que los países con cobertura sanitaria pública suelen tener los mejores indicadores de salud y un acceso más igualitario y equitativo.

Es innegable que tenemos mucho por mejorar en nuestro sistema sanitario, pero aún con sus limitaciones, el aumento de la pobreza causada por la pésima gestión del macrismo y la pandemia, la mortalidad infantil disminuyó en la Argentina en el año 2020 de 9,2 a 8,4, (vale recordar que el candidato Milei votó en contra el proyecto de ley de mejora de la detección y el tratamiento de afecciones cardíacas congénitas, una de las principales causas de Mortalidad infantil), hubo vacunas contra el COVID para toda su población, se mantiene el acceso al resto de vacunas por mencionar quizás el logro más importante de la medicina para evitar las enfermedades infecciosas prevenibles.

La privatización tal como se propone llevará a una desfinanciación de la salud, un empeoramiento de los principales indicadores de salud tal como la esperanza de vida, la mortalidad materna e infantil, así como un aumento de morbi mortalidad por enfermedades controlables y/o prevenibles, y un aumento aún más grande en problemáticas específicas, patologías psiquiátricas, psicológicas, o consumos problemáticos, donde pasaría a regirse estrictamente por la capacidad económica.

¡A 40 años de haber recuperado la democracia, no pongamos en riesgo dos valores centrales que nos enorgullecen como Argentinas y Argentinos: la salud y la educación pública!