Este miércoles se realizó en el Congreso una audiencia pública de presentación del proyecto de Ley de Intercosecha y contra el trabajo rural temporario.
Participaron trabajadores rurales de varios puntos del país y se contó con la presencia de diputados y diputadas del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.
“Mientras vemos los enormes beneficios y subsidios que reciben los sectores patronales de la actividad agrícola y exportadora, hay miles de trabajadores de la cosecha que cobran salarios de miseria y trabajan jornadas extensísimas en las peores condiciones, sin acceso a sanitarios y en condiciones de semi esclavitud”, contextualizó la diputada del PO en el FIT-Unidad, Romina Del Plá.
El proyecto plantea que el trabajador rural perciba en los meses en que se produce un receso estacional una suma equivalente al salario básico del peón rural, hoy en 107.000 pesos, financiado con un impuesto a la gran propiedad agraria. También propone la continuidad de la obra social, que actualmente se le corta al trabajador y su familia, manteniendo los aportes a cargo de las patronales.
Así las cosas, explicó que “el proyecto que hoy presentamos plantea avanzar en el reconocimiento integral en el periodo intercosecha, la registración laboral y el reconocimiento de todos los derechos laborales conquistados”.
“Se trata de una reivindicación de larga data entre las y los cosecheros de todo el país, que es también tomada por el Polo Obrero, que agrupa a numerosas compañeras y compañeros de la actividad fortaleciendo la unidad entre ocupados y desocupados y poniendo un freno a la super explotación laboral y al trabajo semi esclavo”, completó.
Por su parte, el diputado del PTS, Alejandro Vilca, advirtió que dos de cada tres trabajadores rurales no están registrados, pero además cobran sueldos de hambre.
“Si los empresarios se llevan el 60 % de la torta en el país, los del campo se llevan el 87 %. Y es por estas condiciones en que se trabaja”, graficó el legislador jujeño.
En cuanto a los principales puntos del proyecto, precisó que la intención es garantizar un plan intercosecha que brinde un ingreso y obra social durante los meses en que el o la trabajadora rural queda fuera de temporada, solventado con un Impuesto a la Gran Propiedad de la Tierra y Patrimonios.
Además, busca atacar el trabajo infantil e impulsa la creación de “comisiones de seguridad e higiene” en cada lugar de trabajo. Finalmente, se plantea terminar con el trabajo temporario implementando una reconversión productiva partiendo de la diversificación de cultivos y el control obrero de la producción de alimentos.
Durante la presentación se pudo escuchar las denuncias de los trabajadores rurales presentes de la vendimia mendocina y el citrus tucumano, quienes relataron la gigantesca precarización laboral, con un 65% de trabajo informal, un 20% de trabajo infantil, con ingresos por debajo de la línea de indigencia y sin poder acceder a un plan social si están en blanco. Las trabajadoras y trabajadores describieron las condiciones aberrantes de trabajo: a destajo, jornadas de 12 horas, sin baños. También describieron las múltiples afecciones laborales por las tareas de carga de canastos y cajones sin fajas protectoras, así como los constantes accidentes y la exposición a toda clase de alimañas. Frente a esto, el proyecto plantea la creación de comisiones de seguridad e higiene electas por los propios trabajadores, a razón de un delegado/a cada veinte trabajadores/as con poder de veto hasta que se den las condiciones de seguridad e higiene necesarias para poder realizar sus trabajos sin riesgo para su salud.
Fue Myriam Bregman (PTS-FITU), justamente, la diputada encargada de cerrar la presentación. Dejó claro desde el principio que “estas son las voces que no se escuchan nunca. Acá se escucha a la burocracia, a los empresarios, por eso es un orgullo realizar esta audiencia, que se escuche la voz de ustedes, sus denuncias y también cómo se organizan”. Bregman denunció cómo los empresarios del campo y los gobiernos siempre habían discriminado a los obreros rurales, para que no tengan siquiera el piso de derechos de la Ley de Contrato de Trabajo. Además denunció que son los mismos intereses que impiden hoy la aprobación de la Ley de Humedales. “Pero este es un instrumento compañeros y compañeras, el proyecto de ley, solo podremos conseguir nuestros derechos con lucha y organización”. La diputada de izquierda cuestionó el lobby de los grandes empresarios y terratenientes en el Congreso que a ellos les da todo tipo de beneficios. «Las 500 empresas más grandes de este país, obtienen la mitad de sus ganancias de la explotación directa de los trabajadores. Pero la otra mitad, un 49,2%, proviene de los beneficios que le da el Estado mientas pagan salarios de hambre. Esos sí que son verdaderos planeros».
