En medio de la calentura del pueblo de Malargüe de no avanzar con el desarrollo productivo en la región, en un contexto de crisis inflacionaria que repercute directamente en una población sureña, sin fuentes de trabajo dignas y un intendente Ojeda desesperado ante la presión política y económica de ver los escasos resultados de su gestión… el gobernador Rodolfo Suarez desempolvó «a modo de manotazo de ahogado» un viejo proyecto minero denominado Cerro Amarillo y anunciaba ante la prensa que iba a enviar a la Legislatura dicho añejo proyecto de ley de exploración de cobre en Malargüe.

“Se llama Cerro Amarillo y está dentro de la ley vigente para que no haya oposición, de manera tal que esto empiece a generar riqueza y empleo, para destinarlo a la infraestructura que necesitamos para el agua”, explicó Suarez en medio de una humareda mediática.
No obstante, la tercera fuerza política de Mendoza, el Partido Verde objetó este proyecto minero «flojo de papeles», que ante la desesperación y el apuro de Rody de «darle algo a Malargüe» en medio de la bronca de la gente, se olvidó de actualizar los estudios ambientales que quedaron cajoneados de los tiempos de Paco Pérez, entre otros aspectos. Aquí compartimos su comunicado:
Comunicado del Partido Verde de Mendoza

Desde el Partido Verde, la tercera fuerza política con representatividad parlamentaria de Mendoza, entendemos que el Proyecto Minero Cerro Amarillo (el cual busca desarrollar una mina de cobre) y su respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentan graves irregularidades, lo que nos hace dudar enormemente de su transparencia.
Como férreos defensores de los bienes comunes de la provincia, y basándonos en las condiciones en las que se llevó esta propuesta a la casa de las leyes, hemos decidido rechazarlo, y hacemos responsable al Poder Ejecutivo por la notable incompetencia que evidencia el mismo en cuanto a su preparación técnica y legal.
El gobierno intenta argumentar que esta propuesta es viable porque “cumple con la Ley 7.722”, aseverándolo ante los medios de comunicación como si esta importante Ley fuese la única ley ambiental a la cual debe ajustarse toda actividad que comprometa nuestros bienes comunes. Consideramos que con este artilugio mediático carente de fundamentos técnicos y legales, el oficialismo nos está sometiendo a un apuro innecesario e intenta imponer la actividad minera condenándonos al riesgo de pagar cualquier costo para llevarla a cabo.

Observamos en la Declaración de Impacto Ambiental grandes irregularidades, comenzando por la clara ilegalidad que la fundamenta ya que ésta debería ser actualizada como máximo en forma bianual, cuando en este caso corresponde al año 2014. Por lo que el tipo de explotación propuesto y la posible modificación del ambiente en estos años, evidencia su nulidad absoluta, lo que impide el tratamiento legislativo hasta que se realice una nueva evaluación, tal como indica la normativa vigente.
Además, las autoridades de la provincia promueven la mega minería sin implementar la Policía Ambiental Minera (P.A.M.) que exige la Ley nº 7.722, el cinturón de seguridad del agua en nuestra provincia, en un contexto de emergencia climática en el que atravesamos la peor sequía de los últimos 50 años y a sabiendas de que este proyecto se encuentra emplazado en una zona peri glaciar, que conforma una importante reserva de agua para la provincia y de la cual depende el futuro de la misma.

El cumplimiento de la Ley 7722 no exceptúa ningún gobierno de ajustarse a toda la normativa ambiental existente a nivel provincial y nacional, y es por estas razones que nos oponemos a este atropello del oficialismo y exigimos legalidad y transparencia en los procedimientos requeridos para considerar el tratamiento legislativo correspondiente para evaluar correctamente la viabilidad del Proyecto Minero Cerro Amarillo.
Mario Nicolás Vadillo
Presidente Partido Verde Mendoza