Este viernes los abogados Pablo Salinas y Viviana Beigel, defensores del diputado Lautaro Jimenez y otros imputados, se presentaron el pedido de nulidad de los avoques realizados por el fiscal Mauricio Juan y la fiscal Graciela Cobos mediante a través de los cuales se informa de las imputaciones a legisladores del FIT, dirigentes sindicales y un abogado de derechos humanos. Una maniobra oscura de «apriete» para aquellos que no piensan igual a su gobernador, Alfredo Cornejo, y en la que la Justicia provincial sigue el juego como cómplice.
Al respecto Lautaro Jiménez explicó “Nuestros abogados presentaron el pedido de la nulidad de todo lo actuado por la fiscalía, dado que se han vulnerado las normas constitucionales. En el análisis de las mas de 250 fojas del expediente advertimos una serie de arbitrariedades como la inexistencia de una conducta típica, la vulneración de los principios de defensa e inocencia y la ausencia del control de convencionalidad correspondiente”.
El legislador mendocino continuó “los avoques son nulos por violación del art. 167 CPPM, 18 de la Constitución Nacional, 8 del Pacto de San José de Costa Rica, 14 del PIDCP y fundamentalmente por afectar el derecho a la igualdad, garantías contenidas en el bloque de constitucionalidad como la libertad de expresión, el derecho de petición y de manifestación”
Por su parte la senadora Noelia Barbeito afirmó “Está a las claras que estamos ante una situación de persecución política y en una causa armada a pedido del Poder Ejecutivo, ya que los únicos denunciantes son efectivos de la Policía de Mendoza. Nuevamente en nuestra provincia se intenta vulnerar la libertad de expresión o peticionar y criminalizar la protesta social. Con un criterio muy distinto al que tuvieron frente a los funcionarios del PRO que participaron de las manifestaciones del 1 de abril y la presencia del propio Alfredo Cornejo en la manifestación que repudió la muerte del fiscal Nisman. Es decir con un criterio de clara persecución política».
