Por el Femicidio de Florencia Romano, el abogado del Gobierno de Rodolfo Suárez alegó que la culpa de su asesinato fue de sus padres, durante el juicio civil que se desarrolla en la Ciudad de Mendoza.
Es parte de la argumentación técnica que el abogado Ricardo Canet presentó para defender al Estado ante una demanda por 300 millones de pesos de indemnización para la familia de la menor víctima de femicidio
Los familiares de Florencia Romano realizaron varias marchas tras el femicidio en Maipú.
Hace un año y medio Mendoza vivía días parecidos a los actuales en cuanto a violencia de género. En diciembre de 2020 Florencia Romano (14), tal como ocurrió con Agostina Trigo (22) esta semana, fue víctima de un femicidio que destapó el clamor social. El caso de la menor de edad evidenció una negligencia en el accionar policial del 911 y dejó frases para el olvido de altos funcionarios del Gobierno. Ahora trascendió que desde el Ejecutivo provincial volvieron a responsabilizar a los padres de la víctima, pero en este caso en forma expresa en un juicio civil.
El femicidio en Maipú de Florencia Romano tuvo un puñado de repercusiones judiciales. La más importante fue la condena a prisión perpetua para Pablo Arancibia (33) quien admitió haber cometido el hecho de sangre en un juicio abreviado. Mismo proceso enfrentó la expolicía Verónica Herrera, sentenciada a 3 años de prisión en suspenso por no darle curso a la llamada al 911 que realizó un vecino del femicida al momento del crimen.
Pablo Arancibia, de 33 años, fue condenado por el femicidio en Maipú de Florencia Romano a quien golpeó y ahorcó a la menor de edad en el interior del domicilio. Luego degolló e intentó quemar el cadáver en el patio de la vivienda. Le pidió ayuda al primo de su novia para transportar los restos «de un perro» y con esta coartada descartó el cuerpo de Florencia a pocos kilómetros. A la semana Pablo Arancibia era detenido junto a su novia -la mujer terminó sobreseída en la causa- y días después se encontró el cuerpo de Florencia Romano.
Pero también se abrió otro litigio pero en el ámbito civil que todavía está a la espera de sentencia. Los padres y el hermano de Florencia Romano -a través de sus abogados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena- reclamaron una suma de $300 millones al Gobierno provincial por el daño moral que sufrieron tras el asesinato de su hija. La premisa principal es que si la operadora del CEO hubiera notificado lo que estaba ocurriendo tal vez se podría haber evitado el femicidio, ya que había tres patrulleros a una cuadra del lugar del hecho y hasta hay una comisaría ubicada a 4 minutos a pie.
El demandado, es decir el Gobierno provincial, contestó la acusación mediante su asesor legal, Ricardo Canet, quien hizo una negativa general de los hechos. Más allá de admitir la falla en el 911, consideró que no hay pruebas de que si se daba curso a la intervención policial se podría haber salvado la vida de la joven. «Nada permite generar una objetiva convicción sobre la afirmación gratuita de que el omitido auxilio (policial y médico) habría salvado la vida de la menor», argumentó.
En el escrito, que fue presentado el 29 de julio de 2021, aunque se conoció ahora, el representante del Gobierno de Mendoza responsabilizó a los padres de Florencia Romano por el crimen de su hija. Para ello se basaron en el expediente penal donde consideró que no se probó «qué hicieron los padres para aconsejar a su hija sobre los conocidos peligros de relacionarse con terceros sospechosos por Internet». Es que la propia madre de la víctima declaró que su hija le había contado que estaba en un grupo de Whatsapp donde le cargaban crédito del teléfono a cambio de enviar fotos de ella.
«Han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente». Detalló que la madre de la víctima sabía que estaba en contacto con «personas sospechosas e incluso con quien resultara su asesino» y sumó que ni siquiera estaban al tanto de quién era la tarjeta SUBE que la menor utilizó el día del femicidio en Maipú.
«Ninguna duda cabe que esta circunstancia es causa originaria y concurrente del resultado final, cuando menos, en un 50% del mismo», contestó el abogado, agregando que el otro porcentaje de la culpa fue del autor material del hecho de sangre. «La omisión policial no ha obrado sino como ‘ocasión’ en la producción del daño, pero no ha sido ni ‘causa’ ni ‘condición’ de la muerte de la menor», manifestó.
«La autoría material debiera imputarse a la conjunción de la culpa de sus padres y al accionar doloso del autor principal, que resulta un tercero por el cual no responde la Provincia», agregó, siguiendo la misma línea que declaró quien fuera director de la Policía al momento del hecho, Roberto Munives, lo que generó un repudio social generalizado.
El expediente civil se encuentra en el Tribunal de Gestión Asociada 3, a cargo de la jueza Marina Lilen Sánchez, quien deberá resolver el pleito en las próximas semanas ya que el 27 de mayo pasado el expediente llego a sus manos para dictar sentencia.
Fuente: Agencia CNC
