“Una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas” A. Margalit
El abordaje inadecuado de un conflicto de intereses, como el que ocurre en el presente caso —o un obrar equívoco— afecta la credibilidad en las instituciones y deslegitima y arroja un manto de duda sobre las decisiones públicas que se adopten, las cuales no solo deben ser, sino también percibirse como imparciales.
La corrupción pública, además de erosionar las instituciones democráticas, posee un efecto altamente nocivo sobre la vida diaria de los mendocinos que ven afectados los servicios que debe brindarles el Estado (en materia de salud, construcción de obras públicas, seguridad, educación, etcétera) por la administración infiel o la desviación irregular de los recursos públicos.
Tiempo atrás se consideraba a la corrupción como un “delito sin víctimas” en la convicción de que solo afectaba al Estado. Sin embargo, esta visión se encuentra completamente superada. Como señalan Ivanega y Sappa, “esta percepción comenzó a modificarse cuando se puso de relieve su impacto en la generación de la desigualdad social y empobrecimiento de las clases sociales menos favorecidas [1]
Parece que fue Napoleón el que dijo que los hombres luchan mejor por sus intereses que por sus derechos y, tal vez, esto también sea aplicable ahora. Es posible que en estos momentos de crisis económica en la provincia se vea más necesaria la exigencia de transparencia, no ya como un derecho para acceder a la información, sino como un mecanismo de defensa de los propios intereses ¿A qué se destina nuestro dinero? ¿Cuáles son los gastos y las inversiones que se están haciendo? ¿Cuáles son los servicios que se están dado y cuáles los que se dejan de prestar? En este contexto, si hablamos de transparencia no podemos dejar de hablar de corrupción, no solo desde un punto de vista ético o de calidad democrática, sino también desde un punto de vista económico y de gestión eficiente de los recursos disponibles, que es un aspecto que tiene especial importancia en estos tiempos de crisis: ¿Qué supone la corrupción para los presupuestos del Estado? ¿Y para el de las empresas? ¿Qué servicios se podrían prestar o mantener si se redujera la corrupción? ¿Qué impacto tendría una mayor transparencia? Algún funcionario del Gobierno actual de Mendoza ¿podría responderle al pueblo mendocino estas preguntas que hace tiempo le viene exigiendo?
Los sucesivos Gobiernos radicales han hecho estragos en Mendoza , una provincia hipócrita, que se jacta de ser “transparente”, de tener un Gobierno Abierto, una Justicia Abierta, una institucionalidad digna de ser la “envidia del resto de las provincias argentinas, siendo todo esto absolutamente falso, un slogan que sólo configura una publicidad “marketinera” que dista MUCHO de ser la real.
Le pregunto al lector si no se siente insultado con todo lo que ha ocurrido entre el Gobernador, sus funcionarios, y el pastor Bonarrico, al cual se lo pone en el foco de atención, dejando de lado a la otra parte, EL GOBIERNO, que fue quien compró su voluntad mediante un “acuerdo político” millonario, ilegal y contrario a toda ética pública.
Pero, esto NO ES TODO, este Acuerdo escandaloso, deja “a salvo” la figura del vicegobernador, Mario Abed, que es uno de los personajes centrales a la hora de analizar el escándalo por la entrega del subsidio millonario ya que él fue el que rubricó el Decreto Nº684 donde el Gobierno de Mendoza otorgaba la donación de los 18 millones.
Lo curioso es que no se trata de la primera vez que el vicegobernador hace algo así: oportunamente le dio un subsidio a una bodega del Este mendocino en la que él era presidente de la empresa
En efecto, cuando aún era intendente de Junín, concejalas de la oposición, denunciaron el hecho, en ese año en la Oficina de Ética Pública, para que se investigue si se vulneraron los principios de ética pública en la transferencia de 20 millones desde el municipio a la Bodega Raíces de Junín SAUPE, entidad que presidía el jefe comunal. Y saben lo que resolvió la Oficina de Etica Pública con relación a este hecho de MANIFIESTA corrupción? Dispuso que el Intendente de Junín, Mario Abed, actual Vicegobernador, debía abstenerse de intervenir en lo sucesivo en asuntos particulares en los que concurriera la representación de los intereses de la Municipalidad de Junìn y los del establecimiento Vitivinícola Raíces de Junín SAUPE.
Ante esta RESOLUCIÔN del organismo encargado de controlar la existencia de conflictos de intereses (lo cual hasta fue admitido en esos autos) y no ordenó ninguna investigación cuando sólo se detallaba el destino de seis millones de pesos ($6.000.000) mientras se desconocía totalmente el destino que se le darían a los restantes catorce millones de pesos ($14.000.000), entre otras irregularidades. Ahora bien, reitero mi pregunta, usted como lector ¿no se siente insultado por esta SUPUESTA institucionalidad, una de las peores de los últimos años en la provincia de Mendoza?
Recordemos que una de las facultades consagradas por la ley 8993 (Ética Pública) es la de denunciar ante la justicia penal competente los hechos que como consecuencia de investigaciones practicadas sean consideradas como presuntos delitos.
Nada de esto ocurrió. Ni qué hablar de la FALTA respuesta al pedido de INFORMACION PUBLICA realizado por las concejalas denunciadas, lo cual, dispuso el Director de la Oficina de Investigaciones sr resolutivo algo completamente apartado de la ley, digno de una risa homérica.
Por todo lo señalado, le pregunto, ¿Sr lector, usted no se siente insultado, estafado moral y económicamente ante tanta hipocresía, corrupción, doble standard de gobierno, discursos engañosos que parecen perseguir nobles ideales, pero donde en verdad subyacen mentiras con el sólo objeto de satisfacer sus intereses y ambiciones personales? Es preciso que la ciudadanía recupere la confianza política y la confianza en sus capacidades como sujetos de la democracia. Esta recuperación de confianza no será posible si la Administración es opaca, no rinde cuentas, no abre vías de participación y control, y NO actúa como debe actuar en casos de corrupción que sólo han aumentado la pobreza y desigualdad en nuestra querida Mendoza.
Por Mg Alicia C. Barrionuevo (abogada) para BienCuyano
[1] Y agregan que “es indiscutible el impacto político y social que este flagelo tiene, por ejemplo: el uso indebido de los fondos del Estado afecta directamente a la provisión de alimentos, salud, educación y justicia “Oficina Anticorrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción. Implementación de un eficaz instrumento internacional de lucha contra la corrupción, 2ª edición actualizada, Buenos Aires, Serie Estrategias para la Transparencia, 2004, pág. 9.
