En medio de una provincia en crisis, con mendocinos precarizados en trabajo, salud, educación, sin viviendas, sin futuro, con un crecimiento sistemático de la pobreza, el gobierno de la derecha radical de Suarez y Cornejo, apelan a la persecuta a los luchadores y la criminalización de la protesta social, como los peores momentos de la vida política ciudadana.
El gobierno de Suárez le teme, más que a cualquier cosa, a las grandes luchas como la de los vitivinícolas, la defensa del agua, la salud y la educación. Y por eso apela a la represión física en algunos casos y judicial en otros.
El pasado viernes 22 de abril fue imputado el dirigente del Polo Obrero de Mendoza y referente del Frente de Izquierda Unidad Martín Rodríguez, por el acampe piquetero del 30 de marzo. Por la tarde del lunes 25 de abril también fue imputado el dirigente del Partido Obrero y el Frente de Izquierda de Mendoza, Víctor da Vila, junto a otras cuatro compañeras del Polo Obrero.
«Si reclamas trabajo genuino te quieren meter preso, pero si son los tractores de la sociedad rural para no pagar impuestos, los aplauden. Para Suarez están los cortes de calle y los ‘cortes’ de calle», señala el dirigente de izquierda Víctor da Vila.
Y agrega «Rodolfo Suarez presenta como medidas de seguridad responder con el garrote al reclamo de trabajo genuino, mientras tanto sus comisarios manejan borrachos, se trompean en la calle o están involucrados en el tráfico».
El Ministerio Público Fiscal, que actúa bajo las órdenes del Ejecutivo provincial, utiliza el artículo 194 del Código Penal para perseguir y criminalizar a los principales opositores de Rodolfo Suarez. Al igual que con la detención de Copello y Chorolque, ordenada por Gerardo Morales en Jujuy, el gobierno de Rodolfo Suarez busca aleccionar y perseguir al movimiento piquetero independiente, que con el acampe puso en el eje de discusión la crisis inflacionaria y de pobreza que atraviesa la provincia de Mendoza.
«Se trata de un gobierno que no pudo hacer progresar medidas estratégicas como la megaminera y la reforma privatista de la educación, porque encontró una reacción popular que lo obligó a retroceder. Ahora pretenden avanzar con el Código Penal y el garrote criminalizando la protesta», señalan los dirigentes del Polo Obrero.
EL FIT-U viene esforzándole por darle una expresión política a los reclamos populares como el trabajo, la salud y la educación, justamente por este motivo la imputación a Víctor da Vila tiene un carácter abiertamente político y se suma a otras dos, en ocasión de un paro nacional de CGT y del reclamo de alimentos.
El Polo Obrero en Mendoza vienen desenvolviendo una lucha sistemática en la provincia contra la pobreza y el hambre, no solo organizando comedores en los barrios sino colocando el problema del trabajo genuino, dando una lucha para que el salario mínimo sea igual a la canasta básica, ofreciendo un apoyo a luchas obreras como la de vitivinícolas, salud o educación y organizando a un vasta cantidad de trabajadores precarizados que ven en el polo un “sindicato”, rol que no cumple ninguna de las centrales obreras en la provincia.
Martín Rodríguez es dirigente del Polo Obrero y desenvuelve la lucha por trabajo genuino, vivienda y alimento junto a los compañeros desocupados y precarizados del movimiento piquetero, pero también como trabajador municipal enfrenta a la intendencia de Marcelino Iglesias en Guaymallén, que precariza a los trabajadores del municipio. Anteriormente fue imputado por apoyar a los docentes y también fue detenido en Godoy Cruz, cuando se concentraban con el Polo Obrero en reclamo de agua e infraestructura para los barrios del oeste, por lo que no es casual su imputación.
Los referentes de la izquierda mendocina aseguran que «El gobierno quiere desviar el debate hacia la criminalización de la protesta y los cortes de calle, esta vez en un marco de ataque más generalizado por parte del gobierno nacional y la oposición, mientras pretende ocultar inútilmente bajo la alfombra el crecimiento sistemático de la pobreza en Mendoza, que llega al 45%, junto con la constante pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores, producto de los techos paritarios y la alta inflación».
«La imputación contra uno de los principales referente del Frente de Izquierda, como Víctor da Vila, que había pasado por el acampe a llevar su solidaridad, no es menor. Con esto, el gobierno busca colocar el ataque no solo contra las organizaciones piqueteras sino también contra la izquierda, que busca transformarse en la expresión política de los miles de desocupados y precarizados que se movilizan por trabajo genuino y contra la pobreza producto de las políticas de quienes gobernaron las últimas décadas» agregan.
«Por esto, reclamamos el cierre de las causas contra los compañeros imputados y nos lanzamos a un campaña pública de pronunciamientos para derrotar esta nueva intentona represiva de Suárez contra quienes luchan a diario contra el hambre en los barrios. Llamamos al conjunto de las y los luchadores, trabajadores y organizaciones a que firmen contra las imputaciones y a sumarse al acto del 1° de Mayo como expresión de la lucha contra la persecución al activismo», concluyeron.
