En medio de los brindis del vino nuevo, la fiesta de la Vendimia, los carruseles y las reinas, el gobernador Rodolfo Suarez vuelve a ser generoso no con el pueblo mendocino, sino con los grupos empresarios. Ya sabemos la turbia novela de El Azufre con las 12 mil hectáreas regaladas a los empresarios porteños… ahora se vino un gran gesto de generosidad al grupo económico «bendecido» Vila- Manzano.
Entre gallos y medianoches y sin pasar por la Legislatura, la semana pasada el gobernador de Mendoza cazó nuevamente la lapicera y firmó un decreto, el 143/2022 y su anexo (Boletín Oficial de Mendoza 02/03/2021), donde les dona a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano un terrenito de 10 hectáreas perteneciente a la Dirección General de Escuelas en Uspallata.
No sería la primera vez que el Estado provincial favorece al Grupo Vila-Manzano o alguna de sus empresas asociadas. Hace un tiempo atrás un ex funcionario de Alfredo Cornejo, el ex jefe de Gabinete de la Secretaría Ambiental Eduardo Sosa, difundió una serie de documentos que revelaron que Irrigación le cedió a la petrolera de Daniel Vila y José Luis Manzano (El Trébol) miles de litros de agua dulce de los ríos para hacer fracking en Malargüe donde yace la parte norte de la formación Vaca Muerta.
También años atrás, a través del decreto 485 firmado por el entonces gobernador Alfredo Cornejo y Lisandro Nieri, habilitaron a la petrolera El Trébol (Vila-Manzano) a desarrollar fracking en Malargüe y a tributar un 25% menos en concepto de regalías petroleras.
Ahora, la empresa Andina Electricidad S.A. habría manifestado la intención de comprar el terreno fiscal para el desarrollo de un parque solar fotovoltaico. Sin embargo, el propio gobernador Rodolfo Suarez decidió donárselo por decreto porque «dicho procedimiento requeriría determinados actos que implican una cantidad de tiempo que no sería lo aconsejable ante la urgencia de dar una respuesta a lo tramitado».
La cosa es que gracias al regalero Rody, los muchachos Vila y Manzano se hicieron así con 10 hectáreas de terrenos fiscales que pretenden usar para construir de una central generadora solar de 4MW.
Además de 400 metros de línea aérea simple terna de 13.2 kv y la adecuación de la Estación Transformadora de la CT Uspallata de EDEMSA para evacuación de energía.
Desde el Ejecutivo aseguran que «se cumplieron todos los pasos». Así las cosas, el decreto 143, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, determina los tres pasos fundamentales de la triangulación.
En el artículo 1, el gobierno acepta la donación de la DGE. En el segundo, determina la cesión a Iadesa, con un error de redacción: en el decreto figura que el CUIT de la empresa es 30-695777354-0 cuando en realidad es 30-69577354-0. Mientras que el tercer artículo dispone el envío de las actuaciones a la Legislatura para que ratifique todo el trámite.
Pero por otro lado, está establecido en la Constitución Provincial, que en su Artículo 99º indica que que corresponde al Poder Legislativo el “Disponer el uso y enajenación de la tierra pública y demás bienes de la Provincia”.
El Artículo 127 de la Ley 8706 establece las formalidades legales exigidas para la incorporación o baja patrimonial de los bienes inmuebles. No solo se exige la sanción de una ley para el acto, sino que la Constitución de la Provincia de Mendoza, solo habilita la baja de bienes por razones normales de uso (lo que recepta la Ley 8706) pero que ello debe constatarse con el informe técnico previo respectivo a los efectos de verificar y certificar el cumplimiento de la vida útil estimada del bien, y en todos los casos se requiere conocimiento previo del Tribunal de Cuentas.
Así el art. 127 b.1: “Por razones normales de uso: debe constar el informe técnico respectivo a los efectos de verificar y certificar el cumplimiento de la vida útil estimada del bien. En todos los casos las actuaciones deben ser remitidas al Tribunal de Cuentas”.
Por su parte, la diputada provincial del Frente de Todos-PJ, Marisa Garnica, presentó un pedido de informes a Fiscalía del Estado y el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza por el «generoso» decreto del gobernador «Queremos conocer el proceso legal a través del cual el gobierno de Suarez le DONÓ a una empresa privada terrenos que pertenecían a la DGE» sostuvo Garnica.
“En este caso estamos hablando de un inmueble de la DGE fracción de un inmueble mayor, el cual forma parte del patrimonio que sustenta la educación pública de Mendoza y que no se aclara en el Decreto cuál es el cargo que recibe la DGE, esto es cuál la compensación económica que el Ejecutivo le da a la Dirección General de Escuelas para compensar la salida de ese bien inmueble de su patrimonio”, remarcó la diputada Garnica.
La legisladora enfatizó que no surge del Decreto que el Tribunal de Cuentas haya tomado conocimiento de las donaciones sucesivas en favor de una empresa privada que se ve así beneficiada por sobre otros emprendedores por la adjudicación en donación (sin ningún concurso público) de un bien inmueble público.
“Se advierte además que el decreto señalado no indica que el Fiscal de Estado haya dado su conformidad para esta operación compleja”, finalizó.
¿Por qué tanta generosidad? ¿Cuándo Suarez regalará tierras al pueblo mendocino?
