En el «Gobierno del Diálogo» que propone el gobernador Rodolfo Suarez para gestionar Mendoza, las cosas se hacen «de prepo», sin consulta y si se realizan en silencio, mejor… de esta manera, aparece el pasado 12 marzo del 2020 en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, la resolución 52/2020 de Dirección General de Irrigación, donde tiene como objeto disminuir los estándares de la calidad del agua para su “devolución” después de su uso industrial, es decir, que las industrias podrán utilizar el agua, destruir el recurso natural con valores contaminantes que se verán «aprobados» a posteriori por Irrigación de Mendoza. Un güiño de ojo para devolver agua con altos valores de contaminación que masivamente afectarán a la naturaleza, el uso agrícola y la calidad de vida de la comunidad.
Una silenciosa modificación de la 778/96 hecha por Irrigación, con la creación de la figura del «Agente Contaminante» que permite la dilución de la concentración de tóxicos, con grandes cantidades de agua viva y la infiltración de efluentes contaminantes en el suelo por exceso o lixiviación; la eliminación de la facultad de fiscalización a los inspectores para frenar los vertidos industriales ilegales manifiestos y probables.
De esta manera, hoy Irrigación ha permitido mayores parámetros de contaminación en vuelco de efluentes que van directamente a los cauces de ríos mendocinos, napas subterráneas y acuíferos.
Irrigación salió a defender la resolución del «Agente Contaminante»
Sergio Marinelli y el equipo del Departamento General de Irrigación, participaron esta última semana de una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y de Derechos y Garantías de ambas Cámaras, para explicar la Resolución 52/2020, modificatoria de la 778/96, que fue motivo de diversos proyectos impulsados por legisladores requiriendo información.
Marinelli defendió la medida “Lo que buscamos, ante la escasez y ante la sequía, es lograr hacer un rehúso de los efluentes que en caso de ser tratados como corresponde, es una nueva y única oferta que podemos tener en un ciclo como el que tenemos, en áreas de secano como las nuestras”, dijo, señalando que esta normativa busca ordenar, tomando como base – entre otras – la Ley 6044, “que es la que cuando se privatiza OSM, crea el EPAS “.
Uno de los defensores del agua en la histórica lucha por la 7722 de diciembre del año pasado, el diputado provincial Mario Vadillo, estuvo presente en la reunión bicameral con Marinelli y a la hora de su exposición en la sesión virtual, afirmó «Históricamente en Mendoza ha habido un contexto donde AYSAM no ha realizado inversiones en la provincia, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento en las plantas cloacales: por ejemplo, en Uspallata la planta tira una parte al Arroyo Uspallata; la planta de Tunuyán directamente hizo una sangría y tira una parte del tratamiento de residuos cloacales al Río Tunuyán; en Luján también… Hay numerosas infracciones que, cumpliendo mi rol de legislador y representante del pueblo, hemos salido a denunciarlas penalmente».
Vadillo le dijo a Marinelli sobre esta modificación de la 778/96, en donde el fiscalizador que se acerca a controlar la planta industrial, ahora no tendrá el poder de clausura o sanción, sino que tendrá un proceso de análisis y contranálisis de laboratorio que hace que el proceso sea más burocrático y lento «Lo que hemos estado viendo es que no se está cuidando el recurso hídrico en Mendoza porque en el largo lapso de tiempo entre la contaminación y la reparación del incidente finalmente no logra frenar con eficacia un recurso natural totalmente escaso en nuestra provincia», sostuvo el legislador.
«Toda nuestras napas, acuiferos hay que cuidarlos y las resoluciones establecidas desde el Gobierno de Mendoza tendría que establecer que no haya más contaminación», agregó.
Vadillo destaca «La contaminación una vez que se hace, no tiene remediación, la remediación en muchos casos es imposible».
«Con esta medida de El Agente Contaminante, se le ha quitado poder de fiscalización, ahora no puede realizar una clausura inmediata por contaminación, sino que todo se realiza de manera más lenta: con pruebas de laboratorio, contraprueba de muestras, etc… de esa manera puede pasar un mes de idas y vueltas con un vertido contaminante directo a un acuífero» aclara uno de los fundadores de Protectora.
Uno de los legisladores protagonistas de diciembre del 2019 que se le plantó a Suarez y al lobby megaminero afirmó «En cuanto a la Calidad de Agua está a la vista que hay cambios de parámetros químicos, subiendo las escalas contaminantes para que muchas empresas no entren en infracción o no hagan las inversiones necesarias de acuerdo a los adecuados parámetros ambientales. Entonces tenemos que reflexionar ¿Qué nos van a tirar las empresas a nuestros cauces de ríos?»
Y Vadillo le dijo en la cara «Lo que pasa, usted Sergio Marinelli, tiene que ser permeable a que existan las críticas y ante otras propuestas no se sienta atacado».
«Esta es una norma regresiva, que eleva el nivel de tolerancia ante la contaminación, lo cual va a llevar a un aumento porcentual de degradación de los recursos hídricos», concluyó.
