A través de un proyecto de declaración, el diputado provincial de Libres del Sur, Joaquin Mansilla, se expresó a favor de que el Congreso de la Nación sancione una ley de impuesto a las grandes fortunas en el marco de la pandemia. La misma tuvo su aprobación hoy en la Cámara de Diputados de San Luis.
Al respecto, el diputado declaró: “Un sistema tributario justo tiene que basarse en el principio de progresividad, que implica un tratamiento diferenciado entre diferentes niveles de riquezas. Sin embargo, en los hechos, quienes poseen mayor capacidad contributiva tienen mas fuerza para eludir el pago de los tributos, a la vez que, hoy por hoy, la mayor parte de la recaudación se nutre de impuestos regresivos, que gravan con la misma alícuota a contribuyentes de alta y baja capacidad económica”.

En ese sentido, este proyecto de declaración busca impulsar el llamado «impuesto a las grandes riquezas» entendiéndolo como una herramienta que contribuye a frenar el aumento de la pobreza. En su fundamentación se argumenta que “La economía argentina muestra un preocupante aumento de la pobreza, incluso previa a los impactos de la pandemia, cuyo último dato a diciembre de 2019 arrojó 35,5%, así como la indigencia, que llegó al 8% en diciembre de 2019, y según un informe actualizado de Unicef, se espera un 62,9% de pobreza infantil hacia fines de diciembre de este año, eso significaría que un año, el país pasaría de 7 a 8,3 millones de chicos y adolescentes por debajo de la línea de pobreza”. Mansilla destacó también que “el impuesto a las grandes fortunas solo afectará al 1% de los ciudadanos argentinos.”
El proyecto aprobado en San Luis

La Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de San Luis aprobó el proyecto del legislador Mansilla para que el Congreso de la Nación debata y sancione una ley de impuesto a las grandes riquezas en el marco de la emergencia económica por la pandemia de coronavirus.
Las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y acompañadas por distintos niveles del Estado y también del ambiente privado en el contexto de la pandemia del virus COVID-19 significan un fuerte “parate” en la actividad económica nacional. Lo mismo ocurre en cada una de las economías del resto del mundo, lo cual a su vez impacta negativamente en Argentina en virtud de la recesión de los principales socios comerciales, como Brasil y China entre otros.
El contexto económico argentino en la etapa pre COVID-19 ya era complejo y con las medidas de aislamiento dispuestas por la pandemia esta situación local se ve agravada.
La economía argentina muestra una preocupante evolución de la pobreza, incluso previa a los impactos de la emergencia sanitaria, cuyo último dato a diciembre de 2019 arrojó un 35,5%, así como un alarmante nivel de indigencia, que llegó al 8% en diciembre de 2019, y según un informe actualizado de Unicef, se espera un 62,9% de pobreza infantil hacia fines de diciembre de 2020. Eso significa que, en un año, el país pasaría de 7 a 8,3 millones de chicos y adolescentes por debajo de la línea de pobreza. Adicionalmente, en los últimos años se registró un retroceso en el nivel del poder adquisitivo de los salarios en 15 puntos, que no llegó a revertirse hasta el inicio de la pandemia.

Frente al incremento del gasto fiscal derivado de la atención del coronavirus, que en un principio equivalía a 1% del PBI en paquete fiscal y 1,3% en paquete crediticio (sumando 2,3%) y con los últimos anuncios relativos a la financiación de una porción del salario del sector privado por parte del Estado (llegaron casi 3%), se han realizado una serie de propuestas orientadas a financiar tal inversión. Las ideas giran en torno a la justicia tributaria con la implementación de un impuesto, que podría ser por única vez, a las grandes riquezas.
En términos concretos, de aplicarse el impuesto a las grandes fortunas, se verán afectadas la personas físicas y sucesiones cuyos bienes valuados al impuesto a las ganancias, con actualización al 31 de diciembre pasado, sea igual o superior a los 200 millones de pesos. De esta manera, el impuesto a las grandes fortunas solo afectará al 1% de los ciudadanos argentinos.

Con todo recaudado, se destinará en orden de prioridad a los siguientes ítems:
1. Compra y elaboración de equipo médico, elementos de protección, medicamentos y todo insumo crítico para la prevención, asistencia sanitaria y ayuda vinculada a la pandemia de Coronavirus.
2. Reforzar los recursos a personas que hayan perdido o disminuido gravemente sus ingresos por la crisis económica ocasionada por la pandemia, con el fin de mejorar su situación social y activar el consumo.
3. Subsidiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, las más castigadas por la caída económica generada por la pandemia, para poder sostener el empleo y el sueldo de sus trabajadores y trabajadoras.
Las crecientes necesidades fiscales asociadas a las medidas de sostén de ingresos a las familias y de subsidios a las empresas reinstalan el debate sobre el rol del sistema tributario para mitigar la desigualdad. Los efectos de la pandemia del COVID-19 son regresivos: afectan de manera sensible a los que menos tienen, no sólo en materia de salud (peor acceso a la salud y situación de insalubridad en su vida cotidiana) sino también en lo referido a la cuestión económica: establecer el aislamiento obligatorio y la paralización de importantes sectores de la actividad económica implica afectar los limitados ingresos de los trabajadores sin empleo o de empleo informal, que no acceden a licencias pagas, y carecen de protección sindical. Esto implica una profundización de la desigualdad, a menos que la tarea del Estado revierta o al menos compense la situación.

Esa tarea tiene dos pilares: la forma de recaudar y las decisiones de ejecución del gasto.
En efecto, el sistema tributario puede tener un rol fundamental en esta situación de emergencia como herramienta para reducir la desigualdad social y la pobreza. Uno de los criterios centrales para someter a los contribuyentes a tributos debiera ser la capacidad contributiva, es decir, la aptitud de los contribuyentes de acuerdo a su riqueza y sus ingresos. Esta refiere a que el sistema tributario debe estructurarse de cierta forma que aquellos de mayor capacidad económica tengan una participación más alta en la recaudación tributaria del Estado.
En este sentido, un sistema tributario justo es aquel inspirado en el principio de progresividad, que implica un tratamiento diferenciado entre diferentes niveles de capacidades contributivas. Sin embargo, en los hechos, quienes poseen mayor capacidad contributiva cuentan con mayores recursos para eludir el pago de los tributos, a la vez que, en la actualidad, la mayor parte de la recaudación se nutre de impuestos regresivos, que gravan con la misma alícuota a contribuyentes de alta y baja capacidad económica.