El pueblo le dijo NO al cianuro y la megaminería en Mendoza y Diputados selló el regreso de la Ley 7722 que protege el agua y el futuro de la provincia

Actualidad Mendoza

El comienzo del 2020 tendrá una nueva cara para los mendocinos y se abre una nueva etapa donde el pueblo a partir de ahora es soberana y tiene la palabra. Estas intensas semanas quedarán en la historia de la provincia cuyana y dejan una gran enseñanza a las futuras generaciones: nunca hay que resignarse y bajar los brazos.

La lucha y la movilización espontánea de la gente cada rincón de Mendoza, sin aparatos mediáticos ni movilizaciones políticas, logró lo imposible: ganarle a las grandes corporaciones multinacionales, los negociados de la casta política, el lobby megaminero de los grandes medios y combatir una matriz extractiva de los recursos naturales en beneficio de empresas extranjeras. Parecía una utopía, pero se logró! Hoy es una realidad!

La Cámara de Diputados de Mendoza finalmente aprobó por 43 votos a favor y le dio sanción final a la derogación de la ley 9.209, por lo que vuelve a entrar en vigencia de manera inmediata la 7.722, que prohibe el uso de sustancias químicas como el cianuro en emprendimientos mineros desarrollados en Mendoza. 

Si bien no fue una votación nominal, sólo cuatro diputados rechazaron la iniciativa enviada por el Gobierno para recuperar la paz social: Guillermo Mosso y Josefina Canale (PD), Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO). La sesión contó con una ausente, la radical Ana María Andía. 

El diputado Mosso sostuvo que la situación de derogar la norma aprobada hace días “me avergüenza, el agua va a ser contaminada, vamos a seguir con el 40% de pobreza. La legitimidad del gobernador Suarez obtenida en las urnas chocó con el descontento social. Acá ganó el miedo”. El legislador demócrata manifestó que votó en contra de la derogación “porque no vamos a defender activamente el agua y vamos a quedarnos en el slogan y en el prejuicio. Dejamos a Malargüe como territorio sacrificable”.

Por su parte, Mario Vadillo, diputado de Protectora, sostuvo que “el agua se estaba negociando”. “Se equivocan los que dicen que es una ley antiminera. Lo que no queremos es que el agua de la provincia se contamine”, sostuvo.

«Lo que no queremos es que el agua de la provincia se contamine, y quedó fundamentado por lo que advirtieron científicos, técnicos e informes al respecto sobre la peligrosa manipulación del cianuro», destacó Vadillo.

El legislador de Protectora agregó «Felicito de corazón a todos los manifestantes, es decir, al ciudadano que ejerció el derecho constitucional de expresarse. En cambio me da vergüenza aquellos fiscales que quieren imputar a alguien que está peticionando en el marco de la Ley, familias preocupadas por su futuro ante un tema de vital importancia como es el agua».

«Basta de hipocresías políticas, el pueblo nos marcó una agenda de temas que son prioritarios y no podemos mirar a un costado, es sumamente urgente la inversión de la red de agua potable y cloacas, cauces, riego agrícola; asegurar el agua para el consumo humano primero», concluyó Vadillo

En tanto, la diputada del FIT, Mailé Rodríguez, señaló «En primer lugar saludar al pueblo de Mendoza que se movilizó por miles en toda la provincia en favor de la 7722. El aguerrido pueblo que defendió el recurso más preciado que es el agua».

«Estos últimos días han sido de un enorme aprendizaje. Se mostró la fuerza que tenemos. La cúpula del peronismo y el propio oficialismo, hicieron un pacto explícito con el lobby megaminero para entregar nuestros recursos. El pueblo de Mendoza se plantó y dijo que no hay licencia social para la entrega y el saqueo. Esto es lo que tuvo que reconocer el gobierno provincial» agregó la legisladora de la izquierda mendocina.

Y Mailé concluyó «Aquí se cayeron muchas caretas, y eso el pueblo de Mendoza lo sabe. Subestimaron al pueblo, su capacidad de cuidar su bien más preciado. No crean que tienen un cheque en blanco. Esa «barrita de 100″ como calificó a las movilizaciones un senador, se transformó en el río que desbordó su cauce».

Desde el bloque Frente Renovador – Unión Popular, Jorge Difonso sostuvo que “es un tema que lleva mucho tiempo en debate, en el que han participado muchos sectores, distintos gobiernos” hasta que se sancionó la Ley 7722, de allí “la legitimidad del reclamo de la ciudadanía de Mendoza respecto al cuidado del agua”.

“La reforma planteada, quedó claro que no tenía ni la licencia ni el consenso social para avanzar”, dijo, tras lo cual agradeció “a los mendocinos que son los dueños de lo que pasó y los dueños de la 7722”.

En tanto que Gustavo Majstruk, manifestó que “es el pueblo en la calle el que termina devolviendo la cordura. No era una cuestión de partidos políticos, la voz del pueblo, en este caso, dio resultados. Siempre que el pueblo sale a la calle, desde la política vamos a tener que prestar atención”.

Por su parte, la justicialista Cristina Pérez, que había rechazado días atrás la reforma, ponderó que “no debe haber sido fácil dar marcha atrás”. Y recalcó en una autocrítica ante la protesta social que se desató: “Nos encerramos acá a hablar del tema y no salimos a hablar con la gente”, criticó.   

El macrista Gustavo Cairo sostuvo que la gente que salió a manifestarse lo hizo de “buena fe pero con poca información”. Cairo expresó que “hay ríos que se han perdido y no por la minería”. “Malargüe es el pato de la boda, es un enclave patagónico que tenemos la suerte de tener, el más rico de Mendoza y nos damos el lujo de no aprovecharlo”, agregó. Al igual que Mosso, adelantó su negativa a apoyar la derogación.

Germán Gómez –PJ- remarcó que “no es sencillo estar sentado acá. Me duele escuchar a algunos legisladores que hemos tratado la modificación en un marco de irresponsabilidad total. No ha sido así”.  El sanrafaelino ponderó que la reforma fue “una propuesta de campaña” por parte de Suarez. “El agua en nuestra provincia se pierde en un 40% y de la sanción de la ley 7722 no ha cambiado mucho”, afirmó. “No es oportuna esta ley”, concluyó.

Finalmente, la radical Daniela García afirmó que “el tratamiento no fue exprés, fue un proceso de diálogo por varios meses”. Y se preguntó “cómo vamos a votar en contra del agua mendocina, de ninguna manera íbamos a avalar algo que fuera en contra de nuestro principal recurso. Tal vez nos equivocamos en las formas”. También custionó que una minoría “generó un hostigamiento” a los que apoyaron la ley.

García expresó que “estamos apoyando a este gobierno de diálogo. Todos los que votamos a favor consideramos que era la manera de diversificar la matriz productiva, generar empleo genuino y colaborar con una respuesta al 40% de pobres que hay en Mendoza, porque ninguna solución es mágica”. Consideró que “es necesario que todos los sectores productivos converjan para generar una economía sana a largo plazo”. “El recurso hídrico es lo más importante que tenemos, tal es así que en nuestra Constitución tenemos establecido el gobierno del agua”.

La norma explica en sus fundamentos que la sanción de la Ley 9209, que modificaba la 7722, “motivó diversos reclamos de sectores de la sociedad provincial”, y agrega que “atento a que los reclamos con el paso del tiempo se han incrementado, no obstante la convocatoria al diálogo efectuada desde el Poder Ejecutivo de la provincia, y teniendo en cuenta que es deber de las autoridades adoptar todas las medidas necesarias tendientes a conservar la paz social”, es que se decidió el envío de esta normativa.