Denuncian que el gobierno de San Luis persigue a los empleados estatales que no están en la misma sintonía ideológica ¿Democracia?

Actualidad San Luis

La lucha intestina en «El Otro País» se va poniendo cada vez más espesa y va en contra de los valores del librepensamiento y la democracia. Muchos empleados estatales de la provincia vienen denunciando una constante persecución y acoso laboral por pensar políticamente diferente a la orden de El Alberto y su gobierno.

Sin dudas, el libre pensamiento es verdaderamente una conquista humana, pero la libertad de opinión se convierte en una desventaja cuando las posiciones mentales impiden abrirse a nuevas perspectivas o puntos de vista que no concuerdan con las propias. De ahí devienen la imposición de ideas por la fuerza y el egoísmo de quienes se creen «dueños de la verdad», tal es el caso de quién hoy gobierna la provincia.

Por su parte, el candidato a gobernador por San Luis, del espacio Juntos por la Gente, Adolfo Rodríguez Saá, acordó el miércoles realizar un registro de protección contra los empleados estatales y beneficiarios de los planes afectados por la “persecución” del gobierno provincial.

“La persecución ideológica es peligrosa”, advirtió Adolfo en declaraciones formuladas a la prensa, tras el encuentro con abogados de la provincia de San Luis, junto a quienes conformó “una agrupación en defensa de la libertad de expresión y el pluralismo de ideas” de los trabajadores “a raíz del miedo que mete el gobierno de perseguir, echar, tomar lista y obligar a los empleados públicos y beneficiarios a asistir a los actos políticos”, bajo amenaza de “censurarlos, controlarlos por las redes sociales si se expresan a favor de quiénes no sean los candidatos del oficialismo”.

“Me parece que eso es antidemocrático, vamos a defenderlos abrir un registro para que los becarios y beneficiarios de planes sociales que han si do echados, empleados públicos que han sido trasladados o perseguidos por sus ideas se puedan inscribir, para defender sus derechos y oportunamente reincorporarlos”.

Acompañado por su compañero de fórmula, Marcelo Sosa, el candidato a la gobernación puntana, precisó que los trabajadores de la administración provincial, “temen perder su empleo o beneficio por pensar distinto”.

A continuación, BienCuyano reproduce el documento que emitieron durante la reunión:

«En la Provincia de San Luis, actualmente se está viviendo una situación de suma gravedad institucional, que afecta el sistema democrático; en efecto, los empleados públicos, los integrantes del Programa Trabajo por San Luis (Planes Sociales) y a muchos beneficiarios de distintos tipos de becas, el Gobierno de la Provincia de San Luis, no les permite expresar libremente sus opiniones políticas, manifestar sus pensamientos ideológicos, se les controla hasta su intervención en la redes sociales, se les impide su participación en reuniones políticas, todo ello bajo amenazas de ser despedidos, las cuales en muchos casos se han concretado.

De este modo el Estado Provincial, antidemocráticamente, controla y persigue al sector de la población más indefenso, más necesitado, amenazándolos con ser despedidos en caso de hacer alguna tipo de manifestación política a favor de algún candidato de la oposición, cualquiera sea, lo cual es absolutamente repudiable.

La libertad de expresión es un derecho de carácter constitucional, pilar fundamental de la democracia, sin ella ésta no existe; es el derecho a expresar libremente las opiniones y convicciones políticas, es el derecho a que ningún Gobierno, ni poder, criminalice a los ciudadanos por sus expresiones. Sin libertad de expresión no puede haber democracia, pues esta supone el derecho de los ciudadanos a participar en el gobierno y este derecho no se podría ejercer si los ciudadanos no pudiesen expresar libremente sus opiniones y convicciones políticas. En este sentido, los ataques a la libertad de expresión por parte del Gobierno Provincial pueden ser considerados ataques a la democracia.

Lo expuesto provoca una grave situación institucional, que los hombres y mujeres de derecho NO PODEMOS CONSENTIR, razón por lo cual decidimos:

  1. Conformar una ASOCIACION DE ABOGADOS EN DEFENSA DE LA CONSTITUCION Y DEL DERECHO DE EXPRESION, quienes asumimos el compromiso de ejercer una defensa activa de todos los ciudadanos, de cualquier signo político, que el Gobierno de la Provincia lo haya despedido de sus trabajo, o quitado alguna beca, como consecuencia de haber efectuado alguna manifestación política en contra del Gobernador de la Provincia de San Luis, Dr. ALBERTO RODRIGUEZ SAA o de alguno de los FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL.-
  2. Abrir un Registro de empleados públicos, integrantes del Programa Trabajo por San Luis (planes sociales) y de beneficiarios de distintos tipos de becas del Gobierno de la Provincia, que hayan sido perseguidos o despedidos de su trabajo, como consecuencia de haber efectuado manifestaciones políticas a favor de algún candidato opositor al Gobierno Provincial.-
  3. Proponer una legislación que devuelva la competencia de la protección de los derechos de los trabajadores y beneficiarios de planes y becas del Gobierno de la Provincia a los tribunales inferiores de nuestra Provincia, sacando la competencia originaria del Superior Tribunal.-
  4. Proponer un nuevo sistema de votación que pueda garantizarle la independencia de los ciudadanos en la elección de los candidatos.-
  5. Tomar medidas para garantizar una mejor calidad institucional, tales como exigir inmediatamente la designación del DEFENSOR DEL PUEBLO, que pueda actuar en resguardo de los derechos de los más necesitados.-
  6. Exigir la inmediata integración del Superior Tribunal, con el número mínimo de miembros que exige nuestra Constitución.-
    Todo lo expuesto a los fines de efectuar una defensa y resguardo de los derechos de los trabajadores, cuyas garantías constitucionales han sido vulneradas.»