La ola polar llegó para instalarse en estos días con mayor intensidad en todo el país. Fuertes nevadas golpean la región patagónica y cuyana, y realmente es una gran preocupación para los ciudadanos pensando en que habrá que subir la calefacción y tener más tiempo encendidas las estufas eléctricas para que el crudo inverno sea más apacible.
No obstante, al bajar las temperaturas, van subiendo los valores de las tarifas de consumo de energía y gas, que según las primeras boletas que llegaron a Mendoza, son bastante altas y en algunos casos realmente impagables.
El diputado provincial de Protectora, Mario Vadillo, estuvo recorriendo varios barrios del Gran Mendoza y se encontró con una dura realidad que se empieza a repetir en varios rincones de la provincia en este comienzo de las heladas, de bajísimas temperaturas, con familias a las que le cortaron el servicio de gas natural y hasta se llevaron el medidor, por falta de pago del mismo.
Tal es el caso, de la mamá de Eliana vecina del Barrio Antártida 1, en Coquimbito, Maipú, que por no cumplir con el pago de las boletas de gas natural, le sacaron abruptamente el medidor y la dejaron sin el servicio público necesario para cocinar y calefaccionarse durante este invierno. Para peor, la reinstalación del necesario medidor, la empresa Ecogas le exige que debe abonar la suma de $6 mil.
Sin dudas, estos maipucinos viven como indigentes en su propia casa, ya que sin gas y a punto de que le corten la luz, pasarán un duro invierno en un estado de precariedad absoluta.
Eliana vive junto a sus cuatro hijos y su mamá, que es jubilada, discapacitada y pensionada que cobra la «mínima». No entraron en el sistema de «tarifa social», ni cuentan con ningún subsidio del Estado por ser una persona discapacitada, por lo cual, se defienden como cualquier modesta clase trabajadora. No obstante, los ingresos familiares no superan los $6 mil, lo cual se les hace imposible sostener este incremento de todos servicios públicos, con o sin cuotas, ya que al acumularse igualmente es obligatorio pagarlas para continuar en el sistema y no seguir acumulando deudas.
Frente a esta dramática realidad de esta familia, similar a la de otros casos de la provincia, el diputado provincial Mario Vadillo señala que «El barrio es de gente trabajadora, con casas muy modestas, en donde no les dan la tarifa social. El problema es que cuando se atrasan no pueden volverse a reincorporar en el sistema».
El legislador de Protectora agrega «En esto queremos trabajar para que no les saquen los medidores, que otorguen planes de pago cuando se atrasan. Tenemos que lograr que la gente no se quede afuera del sistema porque ahora viene el invierno y no se puede estar sin calefacción».
La tarifa social es un beneficio que permite pagar un precio más bajo por los servicios públicos, ya sea energía eléctrica o gas natural, a aquellas personas como jubilados, pensionados, discapacitados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo o subsidio de desempleo, empleadas domésticas, veteranos de guerra y electrodependientes por cuestiones de salud, entre otras que acrediten alguno de los requisitos; no obstante, la realidad social hace que cierta clase trabajadora que también tiene bajos ingresos, pero no entra en la categoría «tarifa social», queda en peores condiciones que un ciudadano con beneficios sociales. Esta realidad termina siendo un verdadero «golpe» a una clase baja y trabajadora cuyana.
«Vamos a pedirle a Ecogas y en el caso que se niegue, a la Justicia Federal, para que le reinstalen el servicio y no le cobren el cargo adicional. Que le den un plan de pago accesible y una tarifa social. Esta problemática también la llevaremos a la Legislatura provincial para resolver los similares casos que padecen cientos de mendocinos», destacó Vadillo.
Cabe recordar que la Justicia Federal de Dolores había dictado una medida cautelar para que en los próximos 90 días «todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas como consecuencia de la falta de pago», una decisión tomada por el juez Alejo Ramos Padilla a partir de un amparo presentado por la Asociación de Consumidores Argentinos, parece que Ecogas ha hecho caso omiso y corta el servicio de igual manera.
A través de su nueva resolución, Padilla observó que las empresas serán sancionadas con una multa de entre 1000 y 100.000 pesos por cada corte que se aplique y que pueda ser violatorio de los alcances de la prohibición.
Asimismo dispuso que las prestatarias deben informar a la Justicia acerca de los cortes de suministro que se lleven adelante por falta de pago, «dando cuenta de lo actuado en el marco del procedimiento establecido por la Justicia.
El magistrado de Dolores había sostenido en su primera resolución que el servicio de gas «no puede convertirse en un bien suntuario de acceso limitado sólo para determinados grupos. El Estado debe garantizar un estándar mínimo de calidad de vida y la accesibilidad a los servicios públicos esenciales».
