Sindicatos docentes rechazaron el Plan Maestro Macrista y entregaron petitorio a la Senadora Fernández Sagasti para plantearlo en el Congreso

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Los sindicatos docentes de SADOP, FADIUNC, SIDUNCU, ATE Educación y CTA, rechazaron hoy en la Unión Docentes Argentinos, ubicada en 9 de julio 1582 de Ciudad, el Plan Maestro impulsado por el Ejecutivo nacional. Además, entregaron a la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, un petitorio para que sea presentado en el Congreso de la Nación.

Además de la legisladora nacional, estarán presentes la secretaria general de SADOP, Ester Linco Lorca, la secretaria general de FADIUNC, Francisca Staiti, el titular de la Junta Provisoria de SIDUNCU, Francisco Gabrielli, Grabriela Blas por ATE Educación, el secretario general de UDA, Roque Yadala y el secretario general de CTA de los Trabajadores, Gustavo Correa.

Tras la presentación, Fernández Sagasti señaló que “lo importante es que todo el arco docente se unió en esta lucha para decirle no a este ante proyecto que es el Plan Maestro, que para nosotros es un plan sin maestros porque no se consultó a nadie de la comunidad educativa y solo se resumió a una plataforma web que se cerró el 30 de junio”.

Además, trazó una similitud respecto de lo ocurrido con la educación en los 90 y la política educativa impulsada por el Macrismo al sostener que “básicamente es la retirada del Estado nacional como garante del acceso a una educación pública, equitativa y de calidad en todo el territorio argentino. El plan ya lo están aplicando, este año no hubo paritaria nacional docente, ni la suficiente ayuda a las provincias que significa la inversión que se debe hacer respecto de la educación”.

Y agregó: “es un plan que viene ideado para América Latina por parte del banco mundial, que se llama profesores excelentes y que empieza con una evaluación de calidad educativa estandarizada, sin tener en cuenta las diferentes realidades socioculturales y económicas que puede tener un chico de La Quiaca y de Capital Federal para acceder a la educación”.

Por su parte, el secretario general de UDA, Roque Yadala, opinó que “se trata de algo muy similar a lo ocurrido en los 90 porque da por tierra a las leyes que prácticamente abren a la discusión a la participación, sobre todo los cinco gremios nacionales durante casi 11años estuvimos con una partidaria nacional que marcaban el rumbo de los salarios y este año prácticamente se dejó de lado incumpliendo la ley. La formación docente está en peligro de ser democrática, de ser geográficamente posible y también la capacitación docente es un tema sumamente grave”.

Gustavo Correa, titular de la CTA, indicó que “nos preocupa mucho que el gobierno nacional esté imaginándose un sistema de evaluación punitiva, un sistema de escuelas ranqueadas donde el objetivo sean las evaluaciones estandarizadas que terminen modificando el salario o los materiales en las escuelas”.

Según un informe publicado por Página 12, cuyo autores son los docentes Carlos Andújar y Miguel Andrés Brenner «El borrador del proyecto de ley de Reforma Educativa, presentado como Plan Maestro, abre las puertas para el despido, precarización y flexibilización de los docentes. Está basado en el documento “Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América latina y el Caribe”, elaborado por dos economistas del Banco Mundial en 2015. Propone que padres y miembros de la comunidad puedan opinar sobre la contratación y el despido del personal de la escuela. El BM dice que así se ha logrado reducir el ausentismo docente y aumentar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Mientras los docentes siguen luchando para que se respete la ley y se convoque a una paritaria nacional, el Gobierno prepara, en soledad, una reforma educativa laboral».

Petitorio presentado sobre Plan Maestro que llevará la Senadora Fernández Sagasti al Congreso Nacional

Ante la presentación del Gobierno Nacional del anteproyecto de Ley “Plan Maestr@”, las organizaciones sociales y sindicales abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación acerca del avance de esta iniciativa que ha sido  elaborada de manera unilateral y arbitraria, lejos de la necesaria participación democrática de las y los trabajadores de la educación,  como la envergadura y relevancia del tema requiere.
Este plan de reforma educativa, carente de una técnica legislativa adecuada y de un programa serio de inversión y financiamiento, trae aparejado el desprestigio por la educación pública de gestión estatal, por el rol y la formación docente y por la representación y participación sindical.

En primer término llama poderosamente la atención cómo en los fundamentos del proyecto se parte de un diagnóstico falaz, y de una visión simplificadora del estado de situación de la educación, sin reconstruir ni valorar los avances realizados en los últimos tiempos en política e inversión educativa y negando de manera rotunda el deterioro de la situación social, económica y cultural del país, aspectos centrales para definir la política educativa nacional.

En segundo término se reduce la problemática educativa al funcionamiento de la escuela pública de gestión estatal–no hace mención a la de gestión privada-y a la calidad de la práctica docente. En este punto resulta alarmante los proyectos que plantea llevar adelante: una formación orientada a impulsar “líderes educativos”  desdibujando el rol del INFOD  y del Estado nacional en esa materia por un lado, y la creación de un Instituto Evaluador de la Calidad Educativa por otro, iniciativas contrarias al ordenamiento legal vigente.

En último término, consideramos una gravedad alarmante que el proyecto desconozca  la Paritaria Nacional Docente, la Ley de Financiamiento Educativo y proponga la desaparición en términos de cuatro años del Fondo Compensador Salarial, abriendo las puertas a la precarización laboral, el despido y la flexibilización de las y los docentes.

Finalmente, queremos destacar la perspectiva de la educación que prevalece en los fundamentos del proyecto y es aquella vinculada al ámbito empresarial, que la interpreta como medio para formar recursos humanos y fomentar la competitividad. Lejos de abordarla como una herramienta emancipadora, un  bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado.

Por todo lo anterior las organizaciones sindicales, con profundo conocimiento sobre el trabajo docente y la educación pública, expresamos y exigimos al gobierno nacional:
-Genere las condiciones idóneas para discutir el Proyecto Plan Maestro y la política educativa, convocando a las organizaciones sociales, sindicales y gremiales de legítima representación del sector educativo.
-Reconozca y llame a Paritaria Nacional Docente establecida por el artículo 10° de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.

-Reivindique, respete y aplique la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnico-Profesional, la Ley de Educación Sexual Integral.
-Sostenga la laicidad de la escuela pública de gestión estatal y cumpla con los tratados internacionales que garantizan la libertad de conciencia.

Por la defensa de la escuela pública, de un sistema educativo integral, inclusivo y universal. Por la reivindicaciones del salario y las condiciones de trabajo dignas para todas y todos los trabajadores de la educación.

Las metas prioritarias, según la propuesta del Ministerio de Educación de la Nación:

1. Garantizar para el 2026 la cobertura universal del nivel inicial desde sala de 3.

2. Lograr para el 2019 que las 23 provincias y CABA tengan implementado el nuevo modelo de escuela secundaria 2030 que garantice la calidad educativa y la innovación en el aprendizaje.

3.  Lograr para el año 2026 que el 90% de los jóvenes egresen del nivel secundario.

4. Lograr que el 90% de alumnos de nivel primario y secundario alcance el nivel satisfactorio en Lengua, Matemática y Ciencias en las Evaluaciones Nacionales APRENDER para el año 2021.

5. Equidad educativa: reducir para el 2021, en 15 puntos la brecha socioeconómica entre los estudiantes del primer cuartil y el cuatro cuartil que alcanzan nivel satisfactorio/avanzado en APRENDER.

6. Lograr para el 2026 la jornada extendida en el 100% de escuelas de nivel primario y secundario, con el modelo “la escuela sale del aula”, promoviendo el uso de espacios públicos de cada municipio incrementando las actividades físicas, artísticas, tecnológicas y de aprendizaje.

7. Generar sistemas de información y evaluación educativa integrales y confiables, a través de la creación del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad para 2018.

8. Crear un nuevo sistema nacional de carrera docente para el 2021.

9. Carrera de directores y supervisores: lograr para el 2026,  que el 100% de los directores y supervisores en ejercicio hayan realizado la formación específica en liderazgo educativo.

10. Lograr para el 2021 la implementación completa del sistema de información educativa nominal SINIDE en todo el territorio nacional para garantizar transparencia, evidencia y datos estadísticos educativos confiables.

11. Lograr para el 2018 que el 100% de las escuelas estatales del país estén conectadas a Internet, alcanzando así la universalización del acceso a las tecnologías de la información.

12. Lograr para el año 2021 que el 100% de las universidades nacionales desarrollan planes de articulación con escuelas secundarias.

13. Garantizar para el año 2021 que el 100% de la oferta de educación superior esté articulada y que los estudiantes pueden transitar por el sistema de educación superior con un reconocimiento automático de su trayectoria formativa.