Una gastada costumbre de los gobiernos de Rodolfo Suarez es echarle la culpa a la gente, a los mendocinos y mendocinas que habitan en esa bendita tierra, de las cosas que no puede hacer.
Lo hizo como intendente de la Ciudad de Mendoza y lo aplica ahora también como gobernador… si se inunda Mendoza en medio de una tormenta, no es por culpa de la falta de obras públicas sino porque la gente tira basura y tapa las acequias; si la reforma educativa fracasa, no es porque nunca dialogó con todos los sectores de la comunidad educativa, sino porque la gente no entendió el proyecto; si la minería fracasa en Mendoza, no es por la incapacidad de los funcionarios que negocian con las empresas, sino porque la gente no quiere que crezca la minería… es lo que se podría denominar «victimismo crónico».
Ese «victimismo» hace que las cosas positivas como las negativas que ocurren en su gestión no dependen directamente de la voluntad del gobernante, sino de las circunstancias externas. El fracaso de los proyectos propuestos como el de la reforma de la 7722, la Constitución Provincial o la de educación, no fue por falta de diálogo del gobierno y de las imposiciones a proyectos «ya armaditos» antes del debate, sino porque «el ciudadano mendocino es ignorante» y no lo entendió.
Cada uno es dueño de sí mismo y de todo aquello que hace. Existen personas incapaces de soportar el peso de la culpa, e intentan no responsabilizarse de sus actos por todos los medios posibles. Son esa clase de personas que jamás aceptan las culpas, y se la echan a los demás con tal de esquivar las posibles consecuencias de sus errores. Suelen ser personas con muy baja maduración emocional, incapaces de soportar sus responsabilidades.
La «obra del siglo» que no le interesó a nadie
La «obra del siglo» como denominaron marketineramente al proyecto Portezuelo del Viento, tenía que haber sido un éxito, un masivo evento licitatorio con gran convocatoria de grupos empresarios de todo el mundo, con ganas de llevar adelante semejante megaobra hidroeléctrica. Más allá que el proyecto ya está fuera de época, superado por emprendimientos energéticos más eficaces y de menor costo, la torpeza de ser coordinado por el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, que fue justamente parte del grupo empresario IMPSA, armó los pliegos de licitación de manera «tan obvia», que a ninguna firma le interesó comprar el pliego 300 mil dólares y meterse en un negocio que ya tenía su ganador: el acto de apertura de sobres contó justamente con un solo oferente… IMPSA.
La torpeza del gobierno de Rodolfo Suarez hace que la «obra del siglo» termine en fracaso… porque le otorgaron la responsabilidad de la construcción a una empresa que está pegando manotazos de ahogado, tratando de recomponer su estructura de capital.
A comienzos de año, IMPSA comenzó a buscar inversores para desprenderse del 100% de sus acciones, pero el contexto sanitario y económico actual impidió avanzar con el plan. En este sentido, la firma se remonta también al «agravamiento de la situación macroeconómica a partir de mayo de 2018», incluyendo la suscripción de un acuerdo de crédito stand-by entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional que impuso severas restricciones al gasto público, con la consiguiente postergación y/o cancelación de diversos proyectos de obra pública «que tenía razonables expectativas de obtener». Asimismo, para la empresa, la «total ausencia de financiamiento» y, finalmente, el advenimiento de la pandemia de COVID-19 y su impacto sobre la economía mundial, afectaron el desarrollo del proceso de venta ¿En esas condiciones le da el cuero para hacerse cargo de esta gran obra para Mendoza? ¿Estuvo bien el gobierno de Suarez de darle esta responsabilidad a una empresa inestable y sin capital?
Para peor, se dio a conocer en las últimas horas que renunció el director de IMPSA, el mendocino Diego Grau, un ingeniero ligado al radicalismo, quien había sido designado en el cargo por los bancos que tienen la propiedad de la empresa.
¿La minería fracasa por culpa de los mendocinos?
Lo que nunca entendió el gobernador Suarez y su séquito es que la gran movilización popular de diciembre del 2019 no fue «contra la minería» como actividad sino que la destrucción de la proteccionista ley 7722 implicaba la habilitación del fracking y el irresponsable manejo del agua ( recurso natural muy escaso en la provincia) para su excesivo uso.
El pueblo de Mendoza quiere a la minería, pero de manera responsable y que genere oportunidades laborales para los mendocinos sin reventar los recursos naturales.
Ahora el subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, lo metió al gobernador Suarez en un nuevo «elefante blanco»: el proyecto minero Potasio Rio Colorado.
“Cuando llegamos a la gestión en 2015, intentamos que la minera Vale pudiera retomar el proyecto y lo llevara a una escala factible. Le dimos un plazo de 2 años para que consiguiera un inversor, cosa que no pasó. Nos sentamos a negociar con ellos y acordamos que lo mejor para el proyecto era que la provincia buscara un inversor y no se perdieran los activos y las instalaciones que tenían en el sur provincia”, explicó Emilio Guiñazú.
Ahora es el mismo Estado mendocino que se hace cargo del proyecto de extracción de potasio y, en medio del default, roll over, falta de dinero para actualizar paritarias y para pagar aguinaldo, constituye una Empresa Provincial de Minería.
Ya en su discurso del 1° de mayo, el Gobernador Suarez había asegurado que la provincia trabajaba con VALE para concretar la transferencia de activos y que se buscaba un nuevo inversor “para explotar el yacimiento, adaptado a las posibilidades actuales del mercado de potasio en el mundo”.
Ahora todo dependerá de la habilidad de Guiñazú para encontrar un socio «potable» que lleve adelante este proyecto minero. Una habilidad como hemos visto en Portezuelo del Viento y en muchos «exitosos» arreglos con empresas mineras que «no emprenden» en la provincia justamente por falta de capital.
El fracaso del potasio: un negocio que ya no es rentable
El panorama de la extracción del potasio en el mundo está atravesando su peor momento. Torpemente en ese contexto, se mete de lleno en el negocio el gobierno de Mendoza!
Uno de los dos grupos económicos que dominaba el negocio del potasio a escala global, la Belarus Potash Company (BPC), acaba de disolverse luego de que el mayor productor mundial, la empresa rusa Uralkali, abandonara el cartel por disidencias con su socia, la bielorrusa Belaruskali.
Para los especialistas, que anticipan una inevitable caída en el precio del mineral, la decisión es equivalente a que Arabia Saudita deje la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Hasta su ruptura, el joint venture BPC representaba un 43% de la producción de cloruro de potasio en todo el planeta. Y en conjunto con el cartel norteamericano Canpotex –propiedad de Potash Corp of Saskatchewan, Mosaic y Agrium– la participación trepaba a un 70%.
Apenas conocido el derrumbe del cartel, los mercados reaccionaron –como era previsible– de la peor forma: los títulos de Uralkali registraron una caída de más de un 14% en la Bolsa de Moscú, lo que obligó a la empresa a suspender sus transacciones, mientras que las acciones de Potash Corp of Saskatchewan, Mosaic y Agrium se depreciaron un 16%, un 17% y un 5%, respectivamente.
En cuanto al precio del potasio, distintos analistas anticiparon una baja de hasta un 25%. Así, la tasación del recurso, que hoy se sitúa cerca de los u$s 400 por tonelada, descendería por debajo de los u$s 300.
En medio del fin de una era, de la estrepitosa caída de rentabilidad del potasio, se mete en el negocio a destiempo el gobierno de Mendoza que pone en juego los fondos de todos los mendocinos y mendocinas.
¿A quién le echará la culpa Suarez del inminente fracaso? ¿A la oposición? ¿A Alberto Fernández? ¿A Cristina Kirchner? ¿Al Covid-19? ¿A los mendocinos y mendocinas por ‘tirarle mala vibra’ a la negociación?
