Asociaciones de discapacitados, sordomudos y otros grupos sociales de Mendoza que acompañan la iniciativa convocaron a una marcha para este viernes a las 18. El lugar del encuentro es en San Martín y Peatonal de Mendoza capital.
Se reclamará justicia y condena ejemplar para los responsables de los hechos en el Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo, que según las acusaciones son abusos sexuales con acceso carnal, abusos que datan, según se estima, de hace más de 10 años.
Varias de las agrupaciones pedirán explicaciones y cuestionarán el sistema actual de control que hay en este tipo de lugares donde los chicos quedan a la guarda de otras personas.
Por su parte, la diputada mendocina Soledad Sosa del Frente de Izquierda-Partido Obrero presentó en el Congreso un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. “El ocultamiento de los antecedentes de denuncias por abusos sexuales sobre curas y su traslado a distintas latitudes es una práctica constante del Vaticano. El caso del Instituto Próvolo de Mendoza destapó la olla de denuncias sobre sacerdotes y sus abusos sexuales, violaciones y prácticas de felación en distintos institutos educativos religiosos. Los gobiernos provinciales y nacionales han sido cómplices del encubrimiento, y de la entrega a la Iglesia Católica principalmente de la educación y de la tercerización de la asistencia social, beneficiándolos con subsidios millonarios para que su devolución sea el abuso sexual de menores. Queremos que se lleve adelante la más amplia investigación y avanzar en la separación de la Iglesia del Estado, no podemos seguir sosteniendo a una institución que es la cuna de los abusos y la corrupción en el mundo”, señaló la legisladora mendocina.
Por otro lado, el senador provincial del FIT, Víctor da Vila, presentará un proyecto de ley que plantea la estatización del Instituto Próvolo. El senador denunció que los hechos aberrantes producidos en este instituto son la consecuencia de una política de años de tercerizar la asistencia social.
«El Estado provincial y nacional no poseen un instituto que se rige por los controles estatales para satisfacer la necesidad educativa de la comunidad de niños jóvenes y adolescentes hipoacusticos. Esta política se ha desarrollado durante varios años y las consecuencias las tenemos a la vista no se trata de otra cosa que de enorme negociados para sectores privados como es el caso concreto de la iglesia católica» explicó da Vila.
Y agregó «Sin ir más lejos el gobernador Cornejo, ha establecido en el último presupuesto 2017 la friolera de 2400 millones de pesos, para subsidiar la educación privada mayoritariamente ligada a la iglesia en cuestión».
En comunicación con una destacada FM local el senador por la izquierda declaraba: «La estatización del instituto Próvolo busca satisfacer la necesidad educativa de los niños jóvenes y adolescentes hipoacusticos bajo los controles estatales y la mirada directa de todos los organismo de control. Se respetará las condiciones laborales, la antigüedad y la jerarquía del plantel docente».
Continuó: «Sumado al proyecto también presentamos un pedido informe. Estableciendo que se informe sobre la cantidad de curas que están en la provincia Mendoza, cuál es el tiempo de residencia y cuál es su procedencia y si existe algún tipo de denuncia contra ellos».
«Exigimos la inmediata separación de la Iglesia del Estado y que tiene que haber un sistema educativo único, gratuito y laico», finalizó da Vila.
La palabra de la Iglesia
El Arzobispado de Mendoza empezará a pedir formalmente los antecedentes de los sacerdotes que vengan de otras provincias o países para desempeñarse en la curia mendocina.
Esto es una de las reacciones que mostraron desde esa institución luego de la lluvia de críticas que recibieron por despegarse de cualquier responsabilidad ante los casos de abuso sexual que acontecieron en el instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo.
Además, habrá una reunión entre todos los decanos (sacerdotes responsables departamentales), para acordar qué mensaje será dado a los fieles que el domingo próximo vayan a misa, ante lo que consideran un enorme daño a la comunidad católica, por lo «horrible» de la situación ventilada.
Así lo explicó el vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedectis, al finalizar el juramento del nuevo ministro de la Suprema Corte, José Valerio.
El sacerdote insistió en el desconocimiento de las acusaciones con las que llegó el cura Nicola Corradi desde Verona, Italia, al decir que «con total honestidad digo que en la curia no había ninguna información ni conocimiento de esto, ni dato, ni papel, ni rumor, nada».
En ese contexto detalló que cuando Corradi fue presentado en el año 1996 al arzobispo José María Arancibia, traía una carta del superior general de la congregación de la Compañía de María como un hombre «capaz de llevar adelante la obra que se estaba abriendo en Mendoza».
Según De Benedectis, «se lo presentaba y nada más», y se confiaba en el criterio de la autoridad de la congregación. Incluso detalló que si el enviado tenía algún tipo de problemas, era la orden quien tomaba medidas y no el ordinario o autoridad correspondiente.
Por otro lado explicó que a partir del año 2010, los curas acusados de ser pederastas dejaron de ser trasladados como el caso de Corradi, para dar lugar a las denuncias penales correspondientes dentro de la zona donde los hechos suceden, junto con el proceso canónico interno y la suspensión de las licencias ministeriales (no pueden volver a ejercer el sacerdocio hasta tanto la situación sea resuelta).
«Esperamos que este sea el último coletazo de una práctica que hizo mucho daño a la Iglesia, a las víctimas, a las familias y a toda la comunidad católica», indicó De Benedectis para referirse justamente a los abusos, en un contexto donde nadie preguntó quién era la persona que venía a organizar un nuevo instituto de esta congregación. Y qué pasó después de su incorporación, cuando en la relación pastoral habitual, como ir a misas, bautismos o reuniones de catequesis, nunca nadie recibió quejas o comentarios.
O cómo es que luego de la llegada de Corradi, otras cuatro personas se sumaron a los vejámenes a los que eran sometidos los niños.
En ese sentido negó otra vez que exista un protocolo de silencio dentro de la Iglesia por el cual no se difundían estos casos y se obligaba a las víctimas a realizar la denuncia en el ámbito de la curia, pero a la par reconoció que sí había traslados de sacerdotes denunciados hasta no hace mucho tiempo.
Por último informó que el nuncio apostólico, es decir el representante del Vaticano en Argentina, está al tanto de todo los hechos, como también las autoridades de la congregación en el país, pero hasta ahora no ha llegado ninguna comunicación directa desde la Santa Sede.
De todos modos, De Benedectis calculó que «el Papa siempre está muy al tanto de todo lo que pasa en Argentina, por lo que seguro que conoce este tema, que ha sido muy doloroso para toda la comunidad».