El polémico Código de Faltas propuesto por el gobernador Alfredo Cornejo ya está en vigencia en la provincia de Mendoza. El periodista Jorge Lanata realizó en su programa del último domingo un edulcorado informe de este Código mendocino y lo comparó con la «ideal» Suiza: un «mundo sin caca de perro, sin trapitos, sin piquetes» pregonaba en su adelanto… Una «Suiza» que sanciona ente otras acciones a padres y tutores si un menor participa en un hecho contravencional, el acoso sexual callejero, prohíbe la actividad de cuidar o lavar autos en la calle, realizar un piquete e impida el libre tránsito, el que insulte a un docente o el que agreda a un médico en una guardia, el que cobre por leer el tarot y aquellos que consuman alcohol en la vida pública. El aparato represivo del Estado en su máximo esplendor.
En el caso de los piquetes que proliferan en muchas ciudades y que la ciudad de Buenos Aires no ha logrado controlar, esta legislación mendocina los prohíbe. “Serán penalizadas las movilizaciones sin dar aviso a la autoridad”, dice el Código Contravencional. La restricción a cortar calles para protestar, sin previa autorización del municipio, ya regía en la capital mendocina con anterioridad. Los sectores populares, los que se oponen al fracking, los trabajadores, los docentes, los despedidos, los sectores políticos de la oposición son los principales perjudicados por no poder manifestarse públicamente, en libertad y democracia, y expresar su repudio a las acciones de su gobernante, que en su mayoría actúa sin diálogo alguno y a puro decretazo.
Noelia Barbeito y Cecilia Soria, autoridades del PTS en el Frente de Izquierda, con el patrocinio del Dr. Carlos Lombardi, presentaron en la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad del inciso “f” del artículo 55 del Código de Contravenciones que prohíbe el derecho a reunión y manifestación. Es más, este miércoles 31 de octubre a las 10hs en la Legislatura de Mendoza, junto a el constitucionalista Carlos Lombardi, las referentes del FIT Noelia Barbeito y Cecilia Soria brindarán una conferencia de prensa para explicar los alcances de la acción presentada.
Al respecto, Noelia Barbeito explicó: “Presentamos la acción de inconstitucionalidad en los términos del artículo 227 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza. El Código de Contravenciones en su artículo 55 prohíbe el derecho a manifestarse libremente».
También aseguró que «no estamos ante una simple reglamentación, sino ante una clara vulneración de derechos que es contraria a la Constitución Nacional, en cuanto reconoce el derecho implícito de reunión y/o manifestaciones públicas (art. 33), que consagra el principio de razonabilidad (art. 28); y a tratados internacionales con jerarquía constitucional como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión (art. 20 ap. 1.); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que sostiene que toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole (art. 21); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en cuanto reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas (art. 15); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de reunión pacífica (art. 21); y la Convención de los Derechos del Niño, que reconoce libertad de celebrar reuniones pacíficas (art. 15).”
Además, Barbeito señaló que “el gobernador Cornejo se pasea en los medios nacionales haciendo propaganda de este Código, pero para nosotros es una muestra de su autoritarismo. Bajo estos preceptos del nuevo código de contravenciones las mujeres no podríamos haber salido miles a las calles a decir “Ni Una Menos” contra los femicidios, ni los estudiantes a defender al educación pública como hicieron este año, o no hubiésemos conquistado la ley 7722 en defensa del agua y el ambiente. Buscan silenciar cualquier movilización legítima, que cada vez van a ser más por el plan de ajuste que está llevando adelante su gobierno y el de Mauricio Macri con inflación, tarifazos y despidos” y sostuvo que “también debemos tener en cuenta que el gobierno hacer un uso discrecional de estas leyes. A las movilizaciones legítimas les pone multas y arresto, pero cuando son los propios funcionarios del gobierno provincial los que cortan una calle como ante el caso del fiscal Nisman, o marchas de apoyo a Macri no hay ninguna multa ni contravención. Para Cornejo lo “legítimo” es solo lo afín a sus ideas.”
