La diputada provincial del PRO, integrante de La Unión Mendocina, Cintia Gómez, pidió hoy al Poder Ejecutivo de Mendoza, a través de la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia, un informe detallado sobre las licitaciones realizadas en el año 2024 para la contratación de seguridad privada en la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y anexos; el Hospital Central y el Instituto de Juegos y Casinos de la Provincia.
“La solicitud remite a una falta de información detallada sobre los boletines de licitación correspondientes al año 2024 para la contratación de seguridad privada en las entidades estatales nombradas. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la transparencia y eficiencia en los procesos de contratación pública dentro del marco regulatorio dispuesta por la Ley De Administración Financiera N. º 8706, así como en la importancia de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes sobre la licitación pública”, sostiene el documento entre sus fundamento.
La legisladora indicó que la “transparencia y rendición de cuentas en los procesos de licitación es esencial para prevenir prácticas de malversación de fondos por parte del estado provincial, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y efectiva. La solicitud de esos informes detallados sobre las licitaciones de seguridad privada, emitidos mediante los boletines oficiales, no han sido publicadas; es por ello que se busca promover la rendición de cuentas y la supervisión adecuada de los procesos de contratación de proveedores”.
Con respecto a la contratación de seguridad privada, sostuvo que “es un aspecto crucial para el mantenimiento y funcionamiento adecuado de las instituciones públicas referidos al otorgamiento de servicios. Por esto se buscará, además, los nombres de las empresas que participaron en la licitación de los años anterior, a juicio de saber la documentación pertinente y requerida para el blanqueo de la licitación, como: presupuesto otorgado por las empresas prestatarias de servicio, balance de gastos derivados de las partidas presupuestarias en el caso del ejecutivo provincial y el balance de cuentas de las empresas respectivo con los costos e ingresos correspondientes al presupuesto para la prestación de servicios solicitado por la entidad pública; toda esta información será solicitada en virtud de contrastar lo presupuestado por el estado provincial para la solicitud del servicio, como lo referido al importe aceptado para otorgarle la concesión a las empresas seleccionadas.
Y resaltó: “En el cumplimiento normativo que exige la reglamentación que regula las formas de licitación, es imperativo que el proceso de los mismos se realice conforme a las normativas vigente, para asegurar la igualdad de oportunidades para todas las empresas participantes y seleccionando a las más idóneas con base en criterios objetivos y transparentes. La información solicitada permitirá evaluar el grado de cumplimiento de estas normativas y detectar posibles áreas de anomalías o irregularidades que incumplan la ética pública y que atenten contra los fondos de la provincia”.
Finalmente expresó: “El análisis de las observaciones y recomendaciones surgidas durante los procesos de licitación exigidos deberán ser publicados en tiempo y forma conforme a lo solicitado. Esto contribuirá a la optimización de futuros procesos de contratación y a la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario”.