Mendoza finalmente cumplió con su compromiso de pago de 60 millones de dólares del primer vencimiento de amortización de capital más renta correspondientes a la deuda pública refinanciada en 2020.
«La Provincia desembolsó 60 millones de dólares (accediendo al cambio oficial) para cancelar los vencimientos de deuda. De esta manera, alcanzamos el menor stock de deuda en 20 años», explicó el gobernador en un hilo de Twitter donde recordó la deuda generada durante el kirchnerismo pero olvido la que se gestó en épocas de su correligionario Alfredo Cornejo.
El próximo vencimiento se dará dentro de seis meses pero para ese tiempo el Gobierno ya espera contar con el aval de la Suprema Corte de Justicia para rollear la deuda en dólares basándose en la autorización que interpreta surge del artículo 68 de la Ley de Administración Financiera.
El presidente del Partido Verde Mendoza y precandidato a gobernador, Mario Vadillo, celebró el gran triunfo de la lucha de su partido, la tercera fuerza política de Mendoza «Es un verdadero logro del Partido Verde que presentó una acción de inconstitucionalidad por el falso roll over del gobernador Rodolfo Suarez que pretendía seguir tomando deuda nueva. Las deudas son de los 40 años del PJ y UCR y la pagan las familias mendocinas con sus lágrimas, los gastos políticos».
Cabe recordar que el Partido Verde acudió antes que el Frente de Todos a la Suprema Corte de Justicia impulsando una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del gobernador Suarez.
“Venimos en legal tiempo y forma a interponer acción contra el Poder Ejecutivo Provincial, a fin que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto 2502/22 dictado por el Sr. Gobernador de la Provincia en fecha 29 de diciembre de 2022″, dice un extracto de la presentación realizada. Para el Partido Verde, el acto viola el artículo 41 dela Constitución Provincial y el 68 de la Ley de Administración financiera (Ley 8.706).
En el mismo escrito, se solicitaba “la adopción de una medida cautelar en vista de no permitir nueva contracción de deuda, licitación, o renegociaciones durante el proceso en trámite hasta que se resuelva la cuestión de fondo, velando por los daños y perjuicios que pudiesen significar para el erario público de la Provincia de Mendoza ante la inconstitucionalidad del Decreto 2505/22″.
LOS ARGUMENTOS DE LOS VERDES
“El Artículo 41 de la Constitución Provincial expresa de manera concreta y sin lugar a dudas de interpretación que la toma de empréstitos por parte de la Provincia debe ser autorizada por los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara Legislativa”, expresan los opositores.
Sobre el artículo 68 de la Ley de administración Financiera de la Provincia (Ley Nº 8.706) advierten “que en caso de reestructuración de deuda se debe cumplir con el procedimiento de autorización legislativa de idénticas características al mencionado ut supra” (anteriormente).
“El Decreto Nª 2502/22 se sostiene en hipotéticas condiciones de mercado y económicas que podrían resultar favorables a la provincia buscando para la reestructuración la toma de nueva deuda pública para hacer frente a los vencimientos correspondientes al año 2023 de los Bonos Mendoza 2029″, indican
Y además subrayan que “todo esto no se encuentra contemplado en el marco normativo sin la previa ratificación legislativa establecida por el Articulo 41 de la Constitución Provincial y el Articulo 68 de la Ley de Administración Financiera de la Provincial (Ley Nº 8.706), siendo esto excluyente de cualquier acción a realizar por el Poder Ejecutivo en materia de reestructuración de deuda pública”.
Para el Partido Verde, el gobernador refinanció una deuda en dólares por 590 millones mediante los “Bonos Mendoza 2029″, emitidos por Decreto 1198/20 (PMM29) y dicho monto total de capital se amortiza en trece cuotas semestrales iguales y consecutivas a vencer los días 19 de marzo y 19 de septiembre, iniciando el primer pago el 19 de marzo de 2023.
“Suarez quería mediante este decreto ‘un nuevo endeudamiento’, disponer la emisión de títulos públicos en moneda local por hasta la suma equivalente de USD 81.500.000 y con un plazo mínimo de vencimiento de 18 meses, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 68 y cc. de la Ley N° 8.706, de conformidad con los términos y condiciones que se detallan en los artículos 20 y 30 del proyectado decreto”, agregan.
Por estas exposiciones, concluyen que “la operatoria dispuesta en el decreto consiste en realizar una operación de crédito nueva (nuevo acreedor, monto, moneda, tasa, etc.) mediante la emisión de títulos públicos, destinando los fondos obtenidos a cancelar los servicios de amortización de capital correspondientes sólo al año 2023 (no los subsiguientes) de un deuda preexistente Bonos Mendoza 2029, a su vencimiento y en las condiciones inicialmente pactadas, es decir sin producir ninguna modificación en sus términos originales”.
«Con estas acciones el Partido Verde evita el atropello a la Constitución Provincial y el brutal endeudamiento que han hecho los dos partidos tradicionales, UCR y PJ mutuamente. Los atropellos no van y menos timbeando con el dinero las familias mendocinas», declaró el candidato del Partido Verde.
