En un acto «heroico» el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, y el séquito de funcionarios y legisladores del oficialismo anunciaron mediáticamente semanas atrás, el recorte de un 20% de sus sueldos para conseguir fondos para «la lucha contra el coronavirus» en la provincia.
Ese primer puntapié del gobernador sirvió para que algunos gobiernos municipales adopten las mismas medidas. Lamentablemente ese efecto «contagio» no consiguió la misma respuesta del Poder Judicial.
Los periodistas de los Rodymedios aplaudieron la medida supuestamente «a favor de la salud»… con fondos que realmente no se conocen bien a dónde fueron a parar, ya que la mitad del personal de salud de los hospitales de la provincia, que están en la primera línea de esa «lucha», aún siguen en su inestabilidad laboral, sin pase a planta, sin ART, con retraso en sus pagos y con un futuro incierto en sus contratos.
Bajo el abstracto concepto «Fondos para la Lucha contra el Covid-19», por ejemplo, la Cámara de Diputados de Mendoza logró recaudar la cifra de más de 2.300.000 pesos en los que se cuentan los aportes del 20% del salario donados por legisladores y el personal jerárquico del Cuerpo Legislativo; y el aporte voluntario realizado por empleados y empleadas tanto de planta permanente como temporarios de la Cámara Baja.
En Ministerios, Senado provincial, también se ha recaudado bastante para «esa lucha». Sin embargo, aún no se conoce el destino final y para qué se utilizaron esos fondos «solidarios». Falta información y transparencia oficial.
Después fueron por los trabajadores… de esta manera, se recortaron los sueldos de los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casino, y se avanzó en el Instituto de Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen), “invitando” a sus trabajadores a donar un porcentaje de su sueldo.
Esta movida «espontánea» del gobernador Suarez de «solidaridad» parece tener todo un transfondo e interés diferente: bajo la excusa «si yo, gobernador, me recorto mi sueldo ¿por qué no lo podés hacer vos?»
Con el correr de los días, tras el «demagógico» anuncio, salió a preparar el terreno Lisandro Nieri, ministro de gobierno mendocino, declarando que “no podemos dar certeza del pago de sueldos” (refiriéndose a los de mayo) en una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno.
En la «Fase 2» del «tijeretazo» a los trabajadores, la realidad de ese primer gesto de Rody empieza a aclarar el panorama y las intenciones… ya piden por Ley que el Estado provincial retenga un porcentaje del salario de empleados estatales y funcionarios para destinarlos a conformar un fondo fiduciario que alivie la situación del sector privado. Será una medida excepcional, que tendrá una duración de tres meses a partir de mayo del corriente año, de la que estarán exceptuados los trabajadores de los sectores salud, seguridad y docentes.
A través de un proyecto de Ley, una aliada del gobierno de Rody Suarez, la diputada provincial Josefina Canale (PDP) insta al Ejecutivo mendocino a instrumentar un sistema de colaboración entre el sector público y el sector privado, aplicando una retención, por medio de pagos a cuenta de los salarios mensuales de los agentes y funcionarios de la Administración Pública, para destinarla exclusiva y excepcionalmente a la conformación de un Fondo Fiduciario para asistir al sector privado de la economía, que lo requiera con motivo de la cuarentena COVID-19.
Los pagos a cuenta se aplicarán según alícuotas progresivos desde el 0,50% para el sueldo de $ 20.000 hasta el 20% para sueldos de $210.000 o más.
Dichos pagos a cuenta se aplicarán a Sueldos y SAC correspondiente al 1° Semestre, a partir del 1° de Mayo y hasta el 31 de julio del 2020, a todo el personal de los tres Poderes del Estado.
En cuanto al Poder Ejecutivo se aplicarán a la Administración Central y Organismos Descentralizados, con excepción del personal del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad y de la DGE.
Conforme el ahorro presupuestario, que las medidas adoptadas en la presente determinan, el PEP podrá reasignar las partidas que pertenezcan, a fin de la creación de un Fondo Fiduciario para subsidiar a trabajadores del sector privado, del ámbito de actividades paralizadas por la pandemia.
Según el proyecto de Ley “los empleados estatales que hoy no prestan sus funciones de manera presencial, ni virtual, deberían devolver las horas no trabajadas una vez terminado el periodo de aislamiento, en cada una de las reparticiones donde prestan sus servicios”.
Estableciendo además que “si los montos establecidos en la escala de referencia, no se convalidaran en un Acuerdo Paritario futuro, las sumas retenidas podrán ser reintegradas en un plan de repago, una vez superada la Emergencia Económica y siempre que una ley provincial así lo determine”.
La legisladora consideró que hoy “se produce una desigualdad entre aquellos que sólo cuentan con ingresos si producen (sector privado), y aquellos quienes son empleados del Estado, que trabajan en cualquiera de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo o Judicial o entes descentralizados (sector público), que de todos modos cobran un sueldo seguro a fin de mes, siendo hoy una clase privilegiada por la estabilidad propia con la que cuenta este tipo de empleo”.
“Es necesario que haya una colaboración entre el sector público y el sector privado para poder, de alguna manera sostener la economía de la provincia, como también los miles de puestos de trabajo que se encuentran en riesgo a raíz de la cuarentena que atravesamos”, subrayó.
La pelicula mendocina es la misma de siempre: El recorte «solidario» de los trabajadores estatales van directamente para «ayudar» al bolsillo de las patronales «amigas» que actualmente están paradas…
Y que, por otro lado, están metiendo presión al gobierno para flexibilizar la cuarentena para volver a recaudar, más allá de que la pandemia aún no empezó el ciclo de contagios en esta temporada invernal, ni en Mendoza, ni en Argentina.
