Desde Mendoza, el Frente de Izquierda solicitó que se deroguen los decretos de la Dictadura: «Es el momento de separar los privilegios de la Iglesia Católica del Estado

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Este jueves al mediodía, el diputado nacional Nicolás del Caño (FIT-PTS), el abogado constitucionalista Carlos Lombardi, el senador provincial Victor Da Vila (FIT-PO) y la ex senadora provincial Noelia Barbeito (FIT-PTS), realizaron una conferencia de prensa en la Legislatura mendocina con el fin de presentar el proyecto nacional para derogar las normas que establecen el financiamiento estatal de la iglesia.

Desde Mendoza se presentó este proyecto de Ley de derogación de todos los decretos de la dictadura que garantizan el financiamiento estatal a la jerarquía de la Iglesia, el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS/Frente de Izquierda) recordó que “este año, en la visita del jefe de gabinete Marcos Peña al Congreso Nacional, se conoció que en 2018 el Estado destinó 130.421.300 pesos solamente a la remuneración de los obispos”, y subrayó que “esos decretos, que ningún Gobierno quiso tocar, son también una base legal para garantizar la injerencia de la Iglesia en los asuntos públicos”.

Desde sus redes sociales, y a través de una petición que lanzó desde la plataforma en Change.org, del Caño enfatizó que “esos decretos han sido también la base para que se le otorgue a la Iglesia el carácter de persona jurídica pública, a través del nuevo Código Civil que reafirma su potestad para aplicar ‘su jurisdicción’ y regirse por ‘las leyes y ordenamientos de su Constitución’, por fuera de los tribunales comunes”.

“Estamos frente a un Estado dentro de un Estado, donde los miembros de la jerarquía de la Iglesia católica tienen inmunidad especial frente a las leyes comunes”, concluyó el referente de la izquierda, quien destacó que “en medio de la brutal campaña que encabeza esta institución contra el derecho de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito, esto adquiere una relevancia aún mayor: queda claro que todas estas leyes no hacen más que garantizar la injerencia y el financiamiento del clero, otorgándole un poder de veto sobre derechos elementales, como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a acceder a la educación laica o a no morir por la clandestinidad”. “En las calles y en el Congreso Nacional, vamos a insistir en el tratamiento de este proyecto, así como en la inmediata separación de la Iglesia del Estado”, afirmó.

Por su parte, el senador provincial Víctor da Vila quien había presentado el proyecto en la legislatura dijo que el propósito fundamental del mismo es “fortalecer la lucha popular contra el oscurantismo, la explotación y el sometimiento” y dar paso a la separación de la Iglesia y el Estado.

La separación es un planteo elemental para fortalecer las libertades democráticas porque entrañaría liberar al pueblo de una opresión “espiritual” totalmente funcional a los intereses de la explotación del hombre por el hombre, finalizó da Vila.

En tanto, el abogado constitucionalista Carlos Lombardi también brindó su punto de vista desde lo jurídico: «El proyecto que ha presentado el diputado Nicolás del Caño lo que hace es abordar la problemática de los privilegios de la Iglesia Católica dentro del ordenamiento constitucional argentino. Son cuatro los pilares en lo que se asientan estos privilegios: primero, el artículo 2 de la Constitución Nacional que si bien no se ha tratado en este proyecto, a largo plazo la constituyente tendrá que resolver este problema; el segundo, el concordato con la Santa Sede de 1966 que crea un enclave jurídico para la Iglesia Católica y que le permite tener sus propios tribunales para juzgar delitos comunes, cosa que es inconstitucional; el tercer privilegio tiene que ver con el artículo 146 del Código Civil y Comercial de la Nación decididamente hay que derogarlo porque la Iglesia Católica no tiene por qué ser una persona jurídica pública no estatal; y el cuarto elemento de este sistema de privilegios lo representa el conjunto material de leyes dictadas en la última dictadura militar y que en este preciso proyecto se trata de derogar».

La ex senadora provincial y ex candidata a gobernadora Noelia Barbeito también apoyó el proyecto de Nico del Caño «Es necesario derogar todos aquellos artículos de leyes, decretos, incluso del Código Civil y Comercial que le dan total privilegio a la Iglesia Católica. En nuestra provincia (Mendoza) hemos sufrido las aberraciones del Instituto Próvolo, donde vemos constantemente como la jerarquía eclesiástica quiere huir de la Justicia y hemos acompañado mes a mes a todos los valientes sobrevivientes, tanto esos niños como a sus familias. También en Mendoza nos ha tocado escuchar, por ejemplo al cura Jorge Gómez, conocido como el «Padre Pato» en Malargüe, que dijo que era «diez mil veces peor violar una fe que violar una hija».

La referente de la izquierda mendocina agregó «También tuvimos que escuchar el año pasado expresiones de sectores de la jerarquía eclesiástica del sur de la provincia que «había que levantarse en armas contra la ley de educación sexual». Bueno, el último acontecimiento fue el del Dr. Albino que habló barbaridades acerca de la profilaxis. Creemos que el movimiento de mujeres que se ha levantado en este último tiempo viene con tanta fuerza y que ha logrado la media sanción de la ley del aborto legal seguro y gratuito, que ahora va por su sanción definitiva para el próximo 8 de agosto, ha tomado también la lucha por la separación de la Iglesia del Estado y que no se inmiscuya más en asuntos de educación y salud pública».

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Bendecidos por Dios y por el Estado

Según el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la tabla salarial de los hombres fuertes de la Iglesia local es la siguiente: los obispos diocesanos cobran $46.800 por mes; le siguen los auxiliares, que se llevan $ 40.950; los obispos eméritos, $40.950; y los administradores apostólicos y diocesanos cobran $46.800.

El sostén de la Iglesia, por parte de fondos enviados directamente por el Estado nacional, tiene una partida presupuestaria de unos $130,4 millones.

La Secretaría de Culto -que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- prevé para 2018 un presupuesto total estimado de $176,5 millones, que incluye los salarios del organismo y otros gastos.

Lo que se envía a la Iglesia se hace a través del «Programa 17» que «ejecuta las medidas necesarias para el sostenimiento del culto Católico Apostólico Romano que la Constitución Nacional impone al Gobierno Federal a través de su Artículo 2. Este sostenimiento no se manifiesta solo como un reconocimiento de carácter honorífico o moral, sino que implica una concreta colaboración económica», según la descripción presupuestaria.

«Se trata de asignaciones a los obispos, no sueldos», aclaran desde la secretaria de Culto de la Nación. «Muchas veces se detallan para gastos generales de sus diócesis. Si se jubila, el monto es menor; pero si deja de ser titular no lo percibe más, lo empieza a cobrar el que ocupe el cargo», agregan.

Culto regula el sostenimiento de las Leyes N° 21.950 (salarios de obispos), 22.430 (salario mensual vitalicio de sacerdotes), 22.950 (seminaristas), 22.162 (para sacerdotes en zonas de frontera), y 21.540 (para jerarquías eclesiásticas puntuales).

Según el presupuesto, hay 140 obispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas.

También el Estado asiste a la Iglesia en obras de infraestructura puntuales, subsidios a escuelas religiosas y otros desembolsos a entidades como Cáritas, jardines maternales, becas y otros. Además, la Iglesia tiene exenciones impositivas, como Ganancias e IVA.

Así, el debate sobre cuánto es el total del gasto del presupuesto destinado a la Iglesia es muy difuso y difícil de calcular. Los $176,5 millones que le da Culto directamente a la Iglesia Católica es apenas una porción del estimado total. El resto se pierde en presupuestos provinciales de diferentes ministerios y, muchas veces, ni siquiera está claramente detallado.